La compleja situación financiera de Air-e volvió a encender el debate sobre el futuro del servicio eléctrico en la región Caribe. Esta vez, la controversia surgió tras las advertencias de la Contraloría General de la República sobre el deterioro de las finanzas de la compañía intervenida, pronunciamiento que fue respondido con molestia por el Gobierno nacional.
Un informe que enciende alarmas
La Contraloría advirtió que la cartera de Air-e supera los $6 billones y que su patrimonio cayó un 80%, lo que, según el organismo de control, configura un escenario de colapso financiero tras la intervención estatal. El informe detalla que la empresa, que presta servicio a más de 1.5 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, enfrenta un déficit crítico que pone en riesgo la continuidad del servicio.
La respuesta del Gobierno: molestia y cuestionamientos
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, cuestionó la metodología y las conclusiones del informe de la Contraloría. Fuentes oficiales señalaron que el diagnóstico del ente de control no refleja la realidad de la empresa ni los avances en el plan de recuperación implementado desde la intervención. La controversia ha generado un ambiente de incertidumbre entre los usuarios y los gremios del sector energético.
El informe de la Contraloría no corresponde con la realidad de Air-e. Hemos avanzado en la estabilización financiera y en la mejora del servicio. No podemos permitir que se genere alarma innecesaria entre los usuarios.
El futuro del servicio eléctrico en el Caribe
Mientras el Gobierno y la Contraloría mantienen posiciones encontradas, los usuarios de Air-e siguen enfrentando cortes de energía, facturas elevadas y una calidad del servicio que no mejora. Organizaciones de la sociedad civil y veedurías ciudadanas han solicitado una mesa de diálogo urgente para definir el futuro de la empresa y garantizar la prestación del servicio en la región.
- Cartera superior a los $6 billones.
- Patrimonio cayó un 80% desde la intervención.
- Más de 1.5 millones de usuarios afectados en tres departamentos.
- Gobierno y Contraloría en desacuerdo sobre el diagnóstico financiero.
- Usuarios y gremios piden soluciones urgentes para evitar un colapso del servicio.
La crisis de Air-e no solo es un problema financiero, sino también un desafío político y social para el Gobierno nacional, que deberá encontrar una salida que garantice la viabilidad de la empresa y la confianza de los ciudadanos en el sistema eléctrico del Caribe colombiano.