Un disparo que conmociona a Antioquia
La muerte de 'Tigre', un perro que recibió un disparo en el municipio de Rionegro, Antioquia, ha desatado una ola de indignación en el país. El incidente ocurrió el pasado 11 de mayo, en el sector de 'La Convención', donde un uniformado de la Policía Nacional utilizó su arma de dotación para acabar con la vida del animal durante un procedimiento oficial.
La situación quedó registrada en varios videos que se hicieron virales en redes sociales como Facebook y X, lo que provocó la reacción inmediata de organizaciones defensoras de animales y de la senadora Andrea Padilla, quien denunció un presunto abuso de autoridad por parte del agente.
La 'Ley Ángel' y las penas para el maltrato animal
La Ley 1774 de 2016, conocida como 'Ley Ángel', establece que el maltrato animal es un delito en Colombia. Para casos como el de 'Tigre', donde se causa la muerte a un animal de forma dolosa, las penas pueden ser de prisión de 12 a 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El uniformado incurrió en un presunto abuso de autoridad al accionar su arma contra el canino. La ley es clara: ningún animal debe ser tratado con violencia, y menos por parte de un agente del Estado.
Reacciones y movilizaciones en Rionegro
La comunidad de Rionegro y defensores de animales realizaron una velatón y protesta contra el maltrato animal, exigiendo justicia para 'Tigre'. Además, colectivos animalistas han solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue al policía por el delito de maltrato animal agravado, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en el marco de un procedimiento oficial.
- El hecho ocurrió el 11 de mayo en el sector 'La Convención' de Rionegro.
- El policía usó su arma de dotación para disparar al perro, según videos difundidos.
- La senadora Andrea Padilla denunció abuso de autoridad y maltrato animal.
- La 'Ley Ángel' contempla penas de 12 a 36 meses de prisión para quien cause la muerte de un animal.
El debate sobre el uso de armas por parte de la Policía
El caso ha reabierto el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en situaciones que no implican un riesgo inminente para la vida humana. Organizaciones de derechos humanos y animalistas han pedido que se revisen los protocolos de actuación de los uniformados para evitar que hechos como este se repitan.