Aunque la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia tradicionalmente se concentra en los últimos meses del año, el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella ya genera expectativas sobre cuál será su postura en la primera negociación de su mandato. El anuncio llega en un contexto marcado por el incremento histórico del 23% aplicado en 2026, el más alto en la historia reciente del país.
Las primeras señales del nuevo Gobierno
Fuentes cercanas al Ejecutivo indican que la administración de De la Espriella evalúa un ajuste que podría ubicar el salario mínimo en torno a los 2,8 millones de pesos para 2027, una cifra que responde a la meta de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desestimular la generación de empleo formal. No obstante, el monto final dependerá de la negociación tripartita entre Gobierno, empresarios y centrales obreras.
El salario mínimo no puede seguir siendo una variable de ajuste macroeconómico; debe ser una herramienta de justicia social que impulse la demanda interna y reduzca la informalidad.
El impacto de la caída del dólar en la negociación
La reciente depreciación del dólar frente al peso colombiano ha generado pérdidas millonarias en sectores clave como el cafetero, floricultor, bananero y azucarero, según advirtió la propia cartera de Hacienda. Este fenómeno podría influir en la discusión, pues los gremios productivos pedirán mesura en el aumento para no profundizar la crisis de competitividad, mientras que los sindicatos insistirán en un alza que compense la inflación acumulada.
- El aumento del 23% en 2026 fue el mayor de la historia reciente y fijó el salario mínimo actual en un nivel sin precedentes.
- El nuevo Gobierno busca un equilibrio entre poder adquisitivo y sostenibilidad empresarial.
- La caída del dólar afecta a sectores exportadores, lo que podría moderar las expectativas de los empresarios.
- La negociación formal iniciará en diciembre, pero las mesas técnicas ya trabajan en escenarios.
¿Qué esperar para 2027?
Analistas económicos coinciden en que la cifra final dependerá de la inflación de 2026, que se proyecta en torno al 8%, y del comportamiento del Producto Interno Bruto. Aunque el Gobierno de De la Espriella ha mostrado una postura favorable a los trabajadores, también deberá responder a las presiones fiscales y a la necesidad de mantener el empleo formal. La primera negociación salarial de esta administración será, sin duda, una prueba de fuego para su política económica y social.