Desde tempranas horas del miércoles se llevó a cabo una audiencia clave en el caso Aguas Vivas, que involucra un lote en Medellín cuyo manejo durante la alcaldía de Daniel Quintero está bajo investigación por un presunto favorecimiento a empresarios mediante un cambio irregular en la figura jurídica del terreno.
La Fiscalía señala que la modificación permitió al distrito pagar 40.500 millones de pesos a empresarios interesados, calificando esta acción como un 'acuerdo criminal' y presentando cargos contra Quintero y otras 12 personas.
"Fabio García y Daniel Quintero junto con los particulares Moreno, Rueda y Villegas, con división de tareas y bajo un acuerdo criminal común, realizaron aportes funcionales determinantes para apropiarse, en favor de los citados particulares, del inmueble de propiedad del municipio", señaló la Fiscalía.
Durante la audiencia, los abogados defensores argumentaron la nulidad del proceso por supuestos errores de fondo en la investigación. Además, se sumó una petición para que el distrito de Medellín no sea reconocido como víctima en el proceso.
"El municipio de Medellín no sufrió detrimento patrimonial de ninguna naturaleza", afirmó Luis Antonio Hernández, abogado de Daniel Quintero y exmagistrado de la Corte Suprema, apoyando la solicitud de no reconocer al distrito como víctima.
Otros defensores compartieron esta postura mientras que algunos penalistas consideraron que la discusión sobre la calidad de víctima no es necesaria en esta etapa del proceso.
Después de no lograr una candidatura presidencial, Daniel Quintero reapareció en la escena pública tras ser nombrado superintendente nacional de Salud por el presidente Gustavo Petro, decisión que generó controversia por su experiencia y antecedentes judiciales.
La jueza deberá decidir próximamente si acredita al distrito de Medellín como víctima y si acepta las solicitudes de nulidad. De no ser así, se continuará con la lectura formal de la acusación contra Daniel Quintero y los demás implicados.