Un memorial de 29 páginas que busca frenar la acusación
La defensa del general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda solicitó a la Fiscalía una nueva evaluación del proceso penal que se adelanta en su contra por el presunto delito de acoso sexual. En un memorial de 29 páginas radicado este 8 de julio, el abogado Jhonny Mercado González pidió que, antes de presentar un eventual escrito de acusación, el ente investigador incorpore nuevas pruebas, reexamine el expediente y considere promover la preclusión de la actuación.
El llamado a imputación y el rol de la Corte Suprema
La decisión de llamar al oficial a responder en los estrados judiciales se conoció a finales de abril, cuando desde el ente acusador trascendió que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ya radicó la solicitud de audiencia de imputación. La diligencia se realizará ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ejercerá funciones de control de garantías para escuchar los cargos que tiene el fiscal en contra del alto oficial, quien fue comandante del Ejército en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.
Nuevas pruebas que cambian el panorama probatorio
Según la defensa, el proceso ya no puede analizarse con el mismo panorama probatorio que existía cuando se formuló la imputación. En el documento sostiene que durante la investigación aparecieron elementos de convicción que, a su juicio, modifican de manera sustancial la hipótesis presentada inicialmente por la Fiscalía y obligan a revisar si aún existe una probabilidad real de obtener una sentencia condenatoria.
- Una certificación de la Escuela Superior de Guerra que indica que Zapateiro no asistió a la 'Cátedra Colombia' el 16 de julio de 2021, evento mencionado en la reconstrucción de los hechos.
- Declaraciones juramentadas de oficiales en retiro y en servicio que aseguran 'no haber recibido instrucciones' del entonces comandante del Ejército para influir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes.
- La ausencia de estudios de informática forense que permitan establecer con certeza la autenticidad, integridad y autoría de los mensajes de WhatsApp que hacen parte del expediente.
- Un auto inhibitorio emitido dentro de una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes, que la defensa pide valorar como parte del contexto probatorio.
El llamado a la objetividad de la Fiscalía
“La imputación constituye un acto procesal válidamente realizado”, dice el abogado en el escrito. Sin embargo, advierte que “el análisis que ahora corresponde es totalmente diferente”, pues la decisión de acusar debe sustentarse en un estándar probatorio más exigente y en una valoración actualizada del expediente.
En el escrito, Mercado insiste en que el deber constitucional de objetividad obliga al ente acusador a valorar tanto los elementos de cargo como aquellos que favorezcan al investigado. “La investigación penal constitucionalmente legítima permanece abierta a la posibilidad de corregirse”, señala el memorial, al sostener que la Fiscalía debe verificar permanentemente si la hipótesis inicial conserva respaldo suficiente con base en las pruebas actualmente disponibles.