Un operativo sin precedentes sobre la expansión armada
La Defensoría del Pueblo reportó un grave riesgo de vulneración de derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, ubicados en el occidente de Norte de Santander, debido a la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Este grupo armado, con cerca de 1.000 integrantes, ha incrementado su presencia aprovechando el repliegue del Ejército Gaitanista de Colombia en la región.
La ACSN ha avanzado desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, buscando controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo, consolidando así un control territorial efectivo.
El impacto en la comunidad y las acciones violentas
Durante 2025, La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en cinco años, relacionados con mecanismos de limpieza social y control de la población civil. Además, se han instalado retenes ilegales y se han interceptado vehículos del transporte público, hechos que incluyen intimidación y marcación de vehículos con grafitis e insignias del grupo armado.
La presencia de otros grupos armados como el ELN y las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc aumenta el riesgo de enfrentamientos armados, que podrían causar desplazamientos masivos y confinamientos en comunidades rurales.
Gobernanza armada y amenazas a la población civil
Los grupos armados ejercen una fuerte gobernanza sobre la población, imponiendo toques de queda, regulando conductas sociales y realizando extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos. También se ha denunciado la ocupación indebida de escuelas rurales y presiones para el cultivo de coca, amenazando la economía cafetera lícita que algunas comunidades han desarrollado.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes están en riesgo de reclutamiento forzado mediante ofertas económicas o coacciones para proteger a sus familias. Líderes sociales y defensores de derechos humanos han recibido amenazas de muerte, lo que ha obligado a varios a solicitar medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección.
Recomendaciones urgentes para proteger a la población
Frente a esta situación crítica, la Defensoría formuló 16 recomendaciones dirigidas a ministerios, Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades locales para mitigar y prevenir los riesgos, salvaguardando los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad mediante acciones de disuasión, prevención, protección y atención integral.