Un operativo sin precedentes de violencia se vive en Guainía, donde la Defensoría del Pueblo emitió su octava alerta temprana en 2026 para advertir sobre la crisis humanitaria que enfrentan varias comunidades indígenas. La confrontación armada entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el Frente Acacio Medina de la disidencia Segunda Marquetalia de las extintas Farc ha provocado graves impactos en la vida de los pueblos Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave.
Estas comunidades, ubicadas en la zona rural de Inírida y en áreas no municipalizadas como Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, están en medio de una disputa por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal. Los grupos armados han impuesto regímenes de control social que limitan la autonomía indígena y han convertido los ríos en corredores restringidos, afectando la movilidad, la pesca y las actividades de subsistencia.
- Imposición de regímenes de control social que restringen la autonomía indígena.
- Confinamiento de miles de personas por la restricción del libre tránsito en ríos.
- Riesgo constante de reclutamiento forzado de niños y niñas indígenas.
- Paralización de actividades educativas por amenazas a docentes en resguardos.
La Defensoría, liderada por Iris Marín, señala que esta crisis se enmarca en una problemática histórica que afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas del sur de Colombia, quienes enfrentan baja presencia institucional. La Corte Constitucional ha reconocido que el conflicto armado amenaza la pervivencia física y cultural de estas comunidades, llegando a declarar en riesgo de exterminio a algunos pueblos.
“El nivel de riesgo para la población civil en los territorios estudiados es extremo debido a graves violaciones de derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario.” – Defensoría del Pueblo
Frente a esta situación, la Defensoría formuló 11 recomendaciones al Gobierno Nacional, entre las que destaca la activación prioritaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para diseñar y hacer seguimiento a planes de acción coordinados. También solicitó al Ministerio de Defensa fortalecer la seguridad en los ríos, especialmente en zonas fronterizas, y pidió a la Unidad para las Víctimas, Gobernación de Guainía y Alcaldía de Inírida garantizar asistencia humanitaria para evitar desabastecimientos en comunidades confinadas.