La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera y advirtió que el crimen representa una de las expresiones más graves de censura contra la prensa en Colombia. La entidad expresó su solidaridad con la familia del comunicador, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la que Herrera era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su junta directiva.
En menos de un mes fueron asesinados dos periodistas en el país. El caso de Cristian Herrera se suma al de Mateo Pérez, el periodista asesinado en Antioquia presuntamente por las disidencias.
Un oficio que le costó la vida
“Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera”, señaló la Defensoría al expresar su solidaridad con la familia, amigos y colegas del comunicador, así como con la FLIP. La entidad destacó que Herrera dedicó gran parte de su trabajo periodístico a investigar y documentar fenómenos relacionados con la impunidad, el crimen organizado, la corrupción y la compleja situación de seguridad en la región del Catatumbo.
Según la Defensoría, sus informes contribuyeron a visibilizar problemáticas que afectan a miles de habitantes del nororiente del país y permitieron denunciar entramados de violencia y corrupción que operan en la zona. “La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio”, afirmó la entidad.
Medidas de protección insuficientes
La Defensoría recordó que el periodista contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales resultaron insuficientes para evitar el ataque que acabó con su vida. El asesinato ocurre en un contexto que preocupa cada vez más a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa.
Apenas un mes atrás fue asesinado el periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Para la Defensoría, la muerte de ambos comunicadores en tan corto tiempo refleja las graves condiciones de riesgo que enfrentan quienes cubren conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado en distintas regiones del país.
“En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales”, advirtió la entidad.
Un llamado a la Fiscalía
La Defensoría insistió en que informar sobre estos fenómenos constituye una labor esencial para las comunidades y para el fortalecimiento democrático. Por ello, pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con urgencia en la investigación para identificar y judicializar a los responsables, así como establecer los móviles del crimen.
Además, solicitó que las pesquisas incluyan una revisión detallada de los temas que cubría Herrera, los riesgos que había enfrentado y el contexto de violencia que persiste en Norte de Santander y el Catatumbo.
La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida
En su pronunciamiento, la entidad fue enfática al señalar que el asesinato de un periodista representa una de las formas más graves de censura. Advirtió que este tipo de hechos generan temor, favorecen la autocensura y terminan afectando el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre en sus territorios. “La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”, concluyó la Defensoría.