Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado un presunto patrón de amenazas, intimidaciones y hechos de violencia contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, luego de que en la última semana se registraran ataques en al menos seis predios rurales ubicados en el Magdalena Medio, Meta y Córdoba. La denuncia fue interpuesta por Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien sostiene que las acciones buscan frenar la entrega de tierras y generar el desplazamiento de las comunidades.
Aumento de riesgos tras la segunda vuelta presidencial
La entidad señaló que, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, se ha registrado un aumento de situaciones de riesgo en territorios donde avanza la Reforma Agraria. Según la entidad, detrás de estos hechos estarían estructuras ligadas al narcotráfico, al paramilitarismo y ocupantes irregulares que pretenden recuperar antiguos predios o impedir que sean ocupados por organizaciones campesinas.
Ataques en el Magdalena Medio: amenazas y robos en predios campesinos
Uno de los focos de mayor preocupación se encuentra en el Magdalena Medio. Allí, entre el 23 y el 24 de junio, hombres armados ingresaron a los predios Los Alpes-La Olguita y Los Alpes-La Apulia, identificándose como supuestos abogados y propietarios de las fincas. De acuerdo con la ANT, los sujetos exigieron a los campesinos abandonar los terrenos, amenazaron con regresar para tomar el control de los predios y, en uno de los casos, rompieron los candados de ingreso y hurtaron dos portones.
En esa misma región también fueron denunciadas amenazas contra una lideresa campesina, quien recibió mensajes extorsivos atribuidos presuntamente al Clan del Golfo. Según la ANT, en los textos se exigía la salida de organizaciones de víctimas del predio Jamaica y se hacía referencia a alias ‘Julio Pepe’ o ‘Vegachí’, señalado cabecilla criminal en la zona. Además, familias asentadas en el complejo Globo Las Brisas denunciaron intimidaciones constantes y señalamientos de ser supuestos guerrilleros para obligarlas a abandonar las tierras.
Intimidaciones en Antioquia y el caso más grave en el Meta
Otro de los casos reportados ocurrió en el predio La Perla, en Puerto Triunfo (Antioquia), entregado provisionalmente a una asociación de mujeres. La Agencia afirmó que un hombre conocido con el alias de ‘Barco’, hermano de alias ‘La Gina’, acude frecuentemente al lugar para intimidar a las beneficiarias y advertirles que recuperarán la finca, la cual perteneció a familiares del exparamilitar Ramón Isaza.
El episodio más grave, según la ANT, ocurrió en la finca La Primavera, en Puerto López (Meta). Allí, durante la madrugada del 24 de junio, cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron en el predio adjudicado a una organización campesina, golpearon y torturaron con machetes y palos a cuatro adultos y una menor de 14 años, e incendiaron la planta eléctrica, vehículos y otros bienes de la comunidad.
Las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital de Puerto López debido a la gravedad de las lesiones. La ANT recordó que este predio perteneció al narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Nuevos hechos en Córdoba y solicitud de protección
En Córdoba, la entidad también reportó nuevos hechos de violencia. El pasado 28 de junio, hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina en Buenavista, y advirtieron sobre el supuesto ingreso de un grupo de 30 hombres armados por orden de un presunto patrón identificado como César Augusto González Álvarez, según la ANT. Ante el temor por sus vidas, las familias abandonaron el predio.
La ANT agregó que el 22 de junio integrantes de dos asociaciones campesinas fueron repelidos cuando intentaban ingresar al predio La Palmira, en Pueblo Nuevo. Según la denuncia, los administradores de la finca cerraron los accesos con cadenas y amenazaron de muerte a los líderes campesinos, pese a que el predio cuenta con medidas judiciales relacionadas con procesos de restitución y distribución de tierras.
“Queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina”
Así las cosas, la Agencia Nacional de Tierras solicitó a la Fiscalía acelerar las investigaciones, brindar protección inmediata a las familias afectadas y judicializar tanto a los autores materiales como intelectuales de las amenazas.