Un operativo sin precedentes en La Guajira expuso un entramado de corrupción relacionado con contratos para la atención de menores y madres gestantes en los municipios de Riohacha y Manaure. La Fiscalía General imputó cargos a siete personas, entre ellas tres exfuncionarios de Bienestar Familiar, por delitos que incluyen peculado por apropiación y falsedad documental.
Los acusados Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, en su rol de supervisores, habrían autorizado irregularidades en actas de revisión y pagos con sobrecostos a una asociación representada por Rosidis Barliza Rivera. Otros involucrados son Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla.
La investigación se centra en tres contratos firmados entre febrero y diciembre de 2019, cuyo objetivo era ofrecer atención integral, incluyendo alimentación con enfoque diferencial, a la población vulnerable de la región. Sin embargo, se detectaron incrementos inusuales en facturas y cuentas de cobro por productos perecederos, carnes y verduras, presuntamente para inflar informes financieros y solicitar desembolsos mayores ante el ICBF.
“Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de proveedores que registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero”, explicó la Fiscalía.
El detrimento patrimonial provocado por esta red criminal asciende a 860 millones de pesos. Tras la imputación, los siete implicados deberán responder ante un juez de conocimiento en la fase de acusación.