El gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado acelerado de 25 billones de pesos desde fondos privados administrados por las AFP hacia Colpensiones, beneficiando a más de 120 mil personas que utilizaron la 'ventana pensional'. Este decreto ha generado controversia y dos demandas que actualmente se encuentran en estudio ante el Consejo de Estado.
El impacto en la comunidad y el debate jurídico
El decreto establece un proceso acelerado de traslado de ahorros y rendimientos en plazos muy cortos, con 20 días para la mitad de los recursos y 10 días adicionales para el resto. Sin embargo, expertos y órganos de control advierten que esta medida contradice la reforma pensional aprobada en 2024, que estipulaba la creación de un fondo autónomo administrado por el Banco de la República para manejar estos recursos, no directamente por el Ejecutivo.
Además, se teme que estos dineros puedan ser utilizados como fuente de gasto público en plena campaña electoral, poniendo en riesgo el ahorro pensional de los ciudadanos.
Las demandas ante el Consejo de Estado
La primera demanda fue presentada por el abogado Carlos Mario Salgado Morales, quien argumenta que el decreto es ilegal e inconstitucional, ya que interpreta erróneamente el artículo 76 de la reforma pensional. Según Salgado, el traslado de recursos solo debería aplicarse a quienes ya cumplieron los requisitos para pensionarse, y no a todos los que aprovecharon la ventana pensional.
El abogado también señala que el gobierno mezcla dos situaciones diferentes: el traslado de afiliados entre regímenes y el traslado efectivo de recursos, y que si se considera necesario habilitar estos traslados, debería hacerse mediante una reforma legislativa y no por decreto, para no desdibujar las funciones del Ejecutivo y el Congreso.
La segunda demanda fue presentada por Juan Esteban Aguirre Espinosa contra el Ministerio del Trabajo y también está en análisis en la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El futuro del decreto y la decisión del alto tribunal
Actualmente, el Consejo de Estado debe decidir si admite las demandas y si ordena medidas cautelares que suspendan la aplicación del decreto. Mientras tanto, el gobierno podría disponer de estos recursos extraordinarios, lo que ha generado preocupación en sectores que cuestionan el manejo del gasto público a pocas semanas de las elecciones.