Asocapitales, la asociación que representa a las 32 principales ciudades colombianas, entregó un informe contundente sobre la política de 'paz total' promovida por el presidente Gustavo Petro. A tres meses de finalizar su mandato, el balance es crítico: no se han logrado avances verificables en la contención o reducción de la violencia, y los grupos armados ilegales han fortalecido su presencia y control territorial.
La expansión de grupos armados y el aumento de la criminalidad
El estudio titulado 'La Paz Total y el aumento estructural de la violencia en Colombia (2022 - 2026)' muestra que la política no ha logrado frenar la expansión de organizaciones ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia y la Segunda Marquetalia. Estas estructuras han incrementado su número de integrantes y su influencia en diversas regiones, lo que se traduce en un aumento de homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos de lesa humanidad.
- Alias Iván Mordisco pasó de 3.275 a 4.019 combatientes y está relacionado con 237 ataques con drones en 2025.
- Alias Calarcá incrementó sus filas de 1.225 a 2.958 integrantes, beneficiado por la suspensión de órdenes de captura.
- El ELN creció de 2.541 a 6.450 miembros, según la Fundación Pares.
- El Ejército Gaitanista de Colombia se consolidó como el grupo ilegal más grande con cerca de 10.000 hombres armados en 296 municipios.
- La Segunda Marquetalia aumentó su fuerza de 1.663 a 2.000 personas, con presencia en la frontera con Venezuela.
Beneficios judiciales que afectan la seguridad
El informe critica que 205 miembros de grupos armados hayan recibido el levantamiento de sus órdenes de captura, lo que les permite movilizarse con libertad. Además, se cuestiona la entrega de nombramientos como gestores de paz a 75 delincuentes, lo que ha generado un impacto negativo en la gobernabilidad y seguridad de las ciudades. Ejemplo de ello es el ataque con explosivos al batallón Pichincha en Cali, atribuido a las disidencias de Iván Mordisco.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de 'paz total' no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio.”
Impacto en las ciudades y la gobernabilidad
Asocapitales advierte que las capitales concentran cerca del 50% de homicidios, lesiones personales, hurtos y extorsiones del país. La baja presencia policial en las calles, con Bogotá operando con 206 a 210 uniformados por cada 100.000 habitantes frente a un estándar internacional de 300, agrava la inseguridad. Entre enero de 2024 y abril de 2026, 11 alcaldes, incluidos los de Bogotá, Medellín y Cali, han recibido amenazas directas o alertas de atentados.
Un modelo que no traduce buenas intenciones en resultados concretos
El informe señala que la Ley 2272 de 2022, que oficializó la política de 'paz total', no ha incluido compromisos efectivos de desmantelamiento de grupos armados, otorgando beneficios jurídicos sin exigir contraprestaciones reales en materia de seguridad. Además, los ceses al fuego han permitido la expansión de corredores para el narcotráfico y la minería ilegal. La criminalidad alcanzó niveles alarmantes en 2025 con 14.038 homicidios y 13.417 casos de extorsión, cifras récord en la última década.