El 16 de marzo de 2026, Ecuador inició un toque de queda nocturno que restringe la circulación entre las 23:00 y las 5:00 en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida, decretada por el presidente Daniel Noboa, tendrá una duración de 15 días y busca frenar la ola de violencia causada por el crimen organizado.
Estas provincias, ubicadas en la costa del país, concentran aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que representa el 35% de la población nacional, además de registrar más de la mitad de los homicidios que se cometen en Ecuador.
Para implementar esta ofensiva, el Gobierno desplegó 75.000 soldados que participan en una nueva fase del plan de seguridad, cuyo detalle no ha sido divulgado. En las primeras horas, se reportaron 253 detenidos, aunque no se ha precisado cuántos fueron arrestados por incumplir el toque de queda o por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Quédense en las casas, no queremos víctimas colaterales”, advirtió el ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó que las fuerzas de seguridad podrán cerrar temporalmente zonas específicas durante las intervenciones.
El ministro enfatizó que se usará la fuerza de manera progresiva contra los grupos criminales y sus economías ilícitas. Además, anunció que la Fiscalía estará activa para procesar a quienes violen el toque de queda, delito que puede acarrear penas de uno a tres años de prisión.
Esta medida es más restrictiva que anteriores toques de queda en la región, ya que no se han emitido salvoconductos para periodistas ni para trabajadores de industrias nocturnas, lo que ha generado inquietud por el impacto económico y la falta de transparencia.
El Gobierno ecuatoriano cuenta con el respaldo de Estados Unidos en esta ofensiva, evidenciado en la firma de un acuerdo para establecer una oficina del FBI en Quito y en el despliegue conjunto en la lucha contra el narcotráfico.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad agravada en los últimos cinco años por la expansión del narcotráfico, que utiliza los puertos del país para exportar droga a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. En 2025 se registraron 9.216 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente del país.
El estado de excepción y la militarización se han convertido en herramientas recurrentes para enfrentar esta crisis. Desde la llegada de Noboa a la presidencia, se han decretado 17 estados de excepción en provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro, donde la población ha vivido bajo regímenes excepcionales más del 80% del tiempo en los últimos dos años.
Este enfoque ha generado preocupación internacional, especialmente en el Comité de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada, que en marzo de 2026 evaluó denuncias de desapariciones de al menos 34 personas presuntamente detenidas por patrullas militares entre 2024 y 2025.
Familiares de desaparecidos denuncian impunidad, allanamientos sin orden judicial, seguimientos y amenazas para que cesen en su búsqueda de justicia. Exigen al Estado desclasificar información y esclarecer la participación militar en estos casos.
“Es un claro ejemplo de impunidad. Son ellos los implicados en las desapariciones de nuestros familiares y estaban ahí sentados defendiéndose”, expresa Karla, familiar de uno de los desaparecidos, al referirse a la presencia de militares en la delegación ecuatoriana durante la audiencia en la ONU.
Mientras Ecuador enfrenta un aumento sostenido de la violencia, la nueva fase del plan de seguridad con toque de queda y despliegue militar busca contener la crisis, aunque persisten dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la efectividad de estas medidas.