Egipto ha lanzado una campaña de detenciones y deportaciones masivas contra refugiados sudaneses y sirios desde principios de 2026, en un esfuerzo por reforzar el control migratorio que ha generado preocupación internacional y denuncias por violaciones a los derechos de los refugiados.
Miles de personas han sido arrestadas en domicilios, transportes públicos, centros de trabajo y frente a instituciones educativas y de salud en El Cairo y otras zonas, incluyendo individuos con pasaportes vigentes, permisos de residencia y tarjetas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
“Nunca habíamos visto un ataque tan sistemático y a esta escala contra comunidades de refugiados”, afirma Karim Ennarah, director de investigación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos de la Persona.
Organizaciones como la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades han documentado detenciones arbitrarias, incomunicación de los arrestados y condiciones precarias en centros de detención, donde se han reportado muertes y malos tratos.
El gobierno egipcio defiende que las detenciones obedecen al incumplimiento de leyes migratorias y no al estatus de refugiado, pero defensores de derechos humanos denuncian la existencia de una directriz oficial para reducir la población migrante y presionar a la comunidad internacional.
Esta política se ha intensificado tras la llegada masiva de refugiados sudaneses desde 2023, las tensiones regionales y las negociaciones con la Unión Europea para obtener apoyo financiero, según expertos y activistas.
La campaña coincide con la entrada en vigor en diciembre de 2024 de la primera ley de asilo egipcia, que busca regular la gestión de solicitudes de refugio pero ha sido criticada por su enfoque securitario y su impacto en las condiciones de los refugiados.
“Acabas de pasar por una guerra y un desplazamiento y sientes que ya está, pero luego pasa algo así”, relata Nafisa, una refugiada sudanesa deportada tras ser detenida pese a tener documentación en regla.
La situación ha generado miedo e inseguridad entre las comunidades refugiadas, que temen nuevas detenciones y consideran opciones como regresar a sus países o buscar protección en otros territorios.
Agencias internacionales como Acnur continúan monitoreando la situación y dialogando con las autoridades egipcias para garantizar el respeto a los derechos de los refugiados y solicitar la exención de permisos de residencia para esta población vulnerable.