Un operativo coordinado contra la minería criminal
Una operación militar desarrollada en zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo, permitió al Ejército Nacional desmantelar siete unidades de explotación minera ilegal que, según las autoridades, eran utilizadas para financiar estructuras criminales que delinquen en el sur del país.
La intervención se llevó a cabo en la vereda Playa Rica como parte de las operaciones ofensivas contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus. Allí, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, adscrito a la Vigésima Séptima Brigada, ubicaron y destruyeron complejos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto.
Alianza interinstitucional para golpear economías ilegales
La operación fue ejecutada de manera coordinada con el Grupo de Inteligencia Aérea N.° 62 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Regional de Inteligencia de la Amazonía, la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y la Sijin de la Policía Nacional, entidades que consolidaron información estratégica para intervenir en la zona.
De acuerdo con la información obtenida durante las labores militares, los complejos ilegales estarían siendo operados por personas instrumentalizadas por el grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.
Daño ambiental y financiero en la selva putumayense
Las autoridades señalaron que la explotación ilícita se realizaba en corredores selváticos y cerca de fuentes hídricas utilizadas para sostener economías ilegales que afectan tanto el medioambiente como la seguridad de las comunidades de la región.
Durante la operación fueron destruidas siete unidades productoras mineras ilegales, cuatro dragas tipo buzo, dos clasificadoras, 400 metros de manguera negra y 80 metros de tubería PVC de tres pulgadas. Todo el material, utilizado para actividades extractivas ilegales, estaría avaluado en más de 128 millones de pesos.
Más de 3.000 millones de pesos en pérdidas para el crimen
Según el Ejército, el operativo permitió generar una afectación económica superior a los 3.000 millones de pesos a las finanzas ilícitas de la estructura criminal. Además, se evitó la producción de aproximadamente 6.000 gramos de oro que, presuntamente, serían comercializados ilegalmente para fortalecer las capacidades logísticas y delictivas del grupo armado organizado residual.
La explotación ilícita de yacimientos mineros continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de grupos armados organizados y, al mismo tiempo, una actividad que provoca graves daños ambientales en Putumayo, entre ellos contaminación de fuentes hídricas y deterioro de ecosistemas selváticos.