Entre 2024 y 2025, las acciones de tutela relacionadas con la salud en Colombia aumentaron cerca de un 18 %, pasando de más de 265.000 a cerca de 312.500 casos, lo que representa un incremento de aproximadamente 47.500 tutelas, informó la Defensoría del Pueblo durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026.
La tutela como vía principal para acceder a servicios médicos
Actualmente, las tutelas por temas de salud representan el 34 % del total de acciones presentadas en el país, lo que evidencia que muchos colombianos deben judicializar para acceder a tratamientos, medicamentos y atención médica especializada.
“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención.”
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, destacó que el aumento de tutelas refleja problemas persistentes en el acceso efectivo a los servicios médicos, especialmente en zonas rurales donde se requiere garantizar medicamentos y citas médicas.
Desigualdades territoriales y patologías más judicializadas
El informe reveló profundas desigualdades en el acceso a la justicia y a la salud. Departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó presentan bajas tasas de tutelas, lo que indica barreras adicionales para reclamar derechos y acceder a servicios médicos.
- Enfermedades del sistema circulatorio (12,2%)
- Afecciones osteomusculares
- Trastornos neurológicos
- Enfermedades endocrinas
- Hipertensión
- Trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión
Además, enfermedades complejas como el cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa están sobrerrepresentadas en las tutelas, con costos de atención en promedio un 20 % superiores a la atención general.
La tutela, un reflejo de fallas estructurales en el sistema de salud
La Defensoría del Pueblo destacó que el 39,57 % de las tutelas en salud corresponden a personas con especial protección constitucional, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves.
“La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos.”
La entidad hizo un llamado urgente a realizar reformas estructurales para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud y reducir la dependencia del sistema judicial como mecanismo principal de atención médica en Colombia.