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El balance negativo de la 'paz total': las fallas que llevaron al fracaso de la principal apuesta del gobierno Petro, según la FIP

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Foto: La voz del país

Análisis Exclusivo suscriptores El balance negativo de la 'paz total': las fallas que llevaron al fracaso de la principal apuesta del gobierno Petro, según la FIPDeficiencias en diseño institucional y jurídico, sumadas a decisiones en negociaciones, favorecieron el fortalecimiento de varios grupos armados.Traslado de unidades de la CNEB a la ZUT. Foto: Consejería de Paz.Link Juan Pablo Penagos RamírezPERIODISTA05.08.2026 06:05 Actualizado: 05.08.2026 06:05 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles La política de 'paz total' con la que Gustavo Petro prometió lograr el desarme de los grupos armados que permanecían activos tras el acuerdo de paz de 2016, así como de las organizaciones que surgieron después, tardó muy poco en desmoronarse. Una de las primeras señales llegó el fin de semana del 16 de abril de 2023, cuando Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, reapareció en los Llanos del Yarí (Caquetá): descendió de una lujosa camioneta, escoltado por decenas de hombres y mujeres armados, para anunciar el inicio de una mesa de diálogos con el Gobierno. Aquella puesta en escena, más que el comienzo de una negociación, terminó siendo un anticipo de los tropiezos que marcarían la estrategia de paz del gobierno Petro.La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó su último informe sobre la fallida estrategia del saliente gobierno. En este, la FIP señaló que la ‘paz total’ fue una apuesta que dejó más costos que ganancias para el país, cuyo fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos o por estrategias de seguridad fallidas, sino a un diseño institucional y jurídico deficiente que destinó a cada una de las mesas a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil. “Al final, la paz total incurrió en falencias en sus tres ejes principales: las violencias no desescalaron, las transformaciones territoriales no saldaron la deuda histórica del Estado, y el tránsito a la vida civil no pudo existir sin caminos legales claros”, indicó la FIP. Disidentes que ingresaron a la ZUT en Putumayo piden a Abelardo De La Espriella dar continuidad a su proceso de reincorporación: 'Solicitamos diálogo'Entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026 estuvieron vigentes nueve procesos de paz: cuatro mesas de diálogo con grupos armados de carácter político y cinco espacios de conversación sociojurídica con organizaciones criminales de alto impacto. De todos ellos, solo uno produjo un resultado concreto: el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia, que culminó con la entrega de armas de 99 de sus integrantes y su ingreso a una zona de ubicación temporal en el Putumayo para un eventual tránsito a la vida civil, aunque su situación jurídica permanece en un limbo. Alias Iván Mordisco y Calarcá. Foto:EFE Los demás procesos —con el Eln; las disidencias de alias Calarcá; Comuneros del Sur; los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura; los Mexicanos y los Locos Yam, en Quibdó; las estructuras del Valle de Aburrá, en Antioquia; el Clan del Golfo; y las Autodefensas de la Sierra— no solo fracasaron en su propósito de avanzar hacia el desarme, sino que, durante las negociaciones, varios de esos grupos fortalecieron sus capacidades y ampliaron su control territorial. Según datos del Ministerio de Defensa, a julio de 2026 los grupos armados cuentan con alrededor de 28.802 integrantes, frente a 15.120 en diciembre de 2022, un incremento del 90 por ciento. El Clan del Golfo (EGC) se consolidó como el grupo más numeroso, con 10.268 integrantes (152 por ciento de crecimiento); le sigue el Eln, con 7.123 miembros (22 por ciento); el EMC al mando de Iván Mordisco creció 109 por ciento hasta 4.480; y la CNEB creció 108 por ciento hasta 2.359. ‘Sería un error acabar con la ZUT y que esas personas regresen a la violencia’: Armando Novoa defiende concentración de combatientes de la CNEBPara la FIP, el aumento del poder de los grupos armados tiene orígenes tanto estructurales —la permanente ineficiencia de las políticas de seguridad de los últimos diez años— como coyunturales: los ceses al fuego o la actitud pasiva del gobierno en las mesas favorecieron la expansión de los grupos y la aparición de crisis humanitarias regionales. Un integrante del CNEB. Foto:Cortesía Daniel Mejía, investigador y profesor de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, sostiene que los ceses al fuego acordados durante la primera mitad del gobierno de Gustavo Petro, sin avances concretos en las mesas de negociación, terminaron siendo contraproducentes. “Las disputas entre grupos criminales por el control territorial sí pudieron haber aumentado como consecuencia del cese al fuego. De alguna manera, lo que hicieron estos ceses al fuego fue amarrar las manos a la Fuerza Pública, que no podía actuar contra estos grupos. Y estos grupos, pues obviamente aprovecharon para aumentar los niveles de violencia, aumentar la gobernanza criminal y aumentar la coerción contra la población civil”, explicó el experto. La FIP complementa subrayando que mientras los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las delegaciones de gobierno en las mesas tomaron posturas muy pasivas, lo que inclinó la balanza de poder hacía unos grupos que percibieron al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos. Otty Patiño en la FILBO. Foto:Consejería Comisionada de Paz. El prolongado secuestro del padre del futbolista Luis Díaz por parte del Eln; el desplazamiento forzado masivo en el Catatumbo; el derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi (Antioquia); un ataque que cobró la vida de 13 policías, y la infiltración de altos mandos de inteligencia fueron algunos de los hechos que ocurrieron mientras varias de las mesas de negociación permanecían activas. Ante la imposibilidad de concretar acuerdos con las principales estructuras armadas, el Gobierno optó por concentrar sus esfuerzos en negociaciones exprés con facciones de algunos de esos grupos. Los casos más representativos fueron los de Comuneros del Sur, en Nariño; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en Putumayo; y el Frente 33, en el Catatumbo. Ultimátum de De La Espriella a cabecillas: ¿En qué estado se encuentran las mesas de diálogos con ‘Calarcá’, el Eln y el 'clan del Golfo'?Para Camilo González Posso, exnegociador del Gobierno con las disidencias de las Farc y actual presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las dificultades de la estrategia obedecen, en buena medida, a la fragmentación y diversidad de los grupos armados. Según explica, hoy existen organizaciones con distintos niveles de organización, sometidas a constantes divisiones, enfrentamientos internos que dejan decenas de muertos y una alta dispersión del poder entre estructuras regionales con amplia autonomía operativa y financiera. “A diferencia de la situación con las Farc-EP hasta 2016, ahora no hay mandos unificados de carácter nacional. Se llega, en el mejor de los casos, a mandos interregionales en el Eln y en el EGC/Clan del Golfo. Esa situación conduce a tratamientos específicos según el grupo”, sostuvo González. El presidente Gustavo Petro y el comisionado Otty Patiño. Foto:Presidencia Mientras que la crítica ante el desarrollo de la inseguridad es fuerte, el gobierno destaca cuatro logros en desescalamiento: la disminución de homicidios en Putumayo y Nariño que ocurre a la par de una gobernanza más evidente de los grupos armados; la disminución de homicidios en el Valle de Aburrá, que la FIP atribuye a una tendencia consolidada desde hace años y no a los compromisos de la mesa; la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, lograda por la sociedad civil y que caducó en febrero de 2025, detonando una crisis de inseguridad vigente; y la destrucción de material bélico de Comuneros del Sur y de la CNEB, gestos verificables de paz que no disminuyeron la capacidad de daño de los grupos, según el informe de la FIP. “Uno de los aspectos más problemáticos de la paz total fue acordar transformaciones territoriales con estructuras que continuaban armadas y mantenían control sobre la población, sin compromisos verificables de desarme. Bajo esta lógica, la inversión pública y la presencia institucional dejaron de presentarse como obligaciones ordinarias del Estado y empezaron a aparecer como resultados de la intermediación de los grupos armados, contribuyendo a reconocerlos como interlocutores legítimos de las comunidades en territorios donde esa interlocución está en riesgo de ser cooptada o amenazada”, aseveró la FIP en su informe. En esa línea, se concluye que una de las falencias más graves fue dejar en el fondo de las prioridades la discusión sobre el tránsito a la legalidad y el desmantelamiento de las estructuras, algo que no fue prioridad en los ciclos sino hasta después de 2024. Material de guerra de comuneros del Sur Foto:Cortesía OCCP Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fueron concebidas como un mecanismo para la fase final de un proceso de paz. Sin embargo, en los últimos meses del gobierno se aceleró la creación de siete ZUT para cuatro grupos armados, pese a que ninguna de las mesas de negociación parecía encontrarse en el "estado avanzado" que exige la Ley 2272 de 2022 para poner en marcha esta figura. Por esa razón, sumada a las dificultades para adecuar los espacios y garantizar las condiciones de seguridad, solo logró concretarse la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo. El exprocurador Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la OEA del gobierno de Abelardo De La EspriellaEn materia del marco jurídico para el sometimiento colectivo, el elemento fundamental para los procesos sociojurídicos, se intentaron dos proyectos de ley (2023 y 2025) y ambos quedaron archivados o empantanados sin surtir su primer debate. “El gobierno consideró este aspecto como secundario, cuando en realidad es el corazón de las negociaciones orientadas al desmantelamiento de estructuras ilegales”, añadió la FIP. El 20 de julio de 2025, cuando aún le restaba un año de gobierno, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que su principal apuesta en materia de paz no había alcanzado los resultados esperados. “En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”, afirmó el entonces mandatario durante la instalación del Congreso. JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZRedacción Política  Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. 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