El Ejército Gaitanista de Colombia amplía su influencia y estructura en Colombia
El Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, atraviesa su etapa de mayor expansión con cerca de 9.840 integrantes distribuidos en 296 municipios de 17 departamentos. Desde 2020, el grupo ha duplicado su número de miembros y ha extendido su presencia territorial en más del 100%, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La organización mantiene control hegemónico en algunas regiones, mientras enfrenta disputas activas con otros grupos armados como el ELN y disidencias en zonas como Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar y nordeste antioqueño.
Una estructura criminal que opera como un holding económico
Más allá de su componente armado, el Ejército Gaitanista de Colombia funciona como una empresa criminal que genera ingresos mediante el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, microtráfico, prostitución, contrabando y cobro de vacunas a comerciantes y cadenas productivas.
El informe de la FIP estima que la organización debe cubrir nóminas mensuales de aproximadamente 1,5 millones de dólares (5.500 millones de pesos). Hasta 2025, el tráfico de migrantes fue una fuente importante, pero se redujo significativamente debido a medidas internacionales.
El control territorial también se sostiene en redes locales de civiles que reportan movimientos de autoridades y vigilan la población, permitiendo influir en la vida cotidiana sin presencia armada constante.
Diálogo en Catar y compromisos con la paz total
El proceso formal de diálogo entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia comenzó en julio de 2024, con la instalación de una mesa sociojurídica y la suspensión de órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Conjunto. Tras retrasos y tensiones, Catar se convirtió en sede de las rondas de negociación en septiembre y noviembre de 2025.
En los ciclos de conversación, se acordaron acciones piloto en 15 municipios para sustitución de cultivos ilícitos, atención a migración irregular, temas ambientales y presencia estatal. El grupo se comprometió a censar a niños dentro de su estructura y respetar el proceso electoral y labores de desminado.
Se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, con llegada gradual desde marzo de 2026, que buscan avanzar en la desmovilización y construcción de paz en los territorios afectados.