Continúa el revuelo en Medellín a raíz del violento episodio que se registró en un hotel del centro de la ciudad en el que un hombre de 38 años, que se alojaba en el inmueble, agredió brutalmente a una trabajadora del lugar que se habría negado a tener relaciones sexuales con él.
Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la recepción del hotel Plaza Mayor 44 y fueron difundidos ampliamente en redes sociales, llegando incluso a ojos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien tras tener conocimiento del caso ordenó a las autoridades proceder contra el agresor.
El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, relató lo ocurrido en el inmueble de alojamientos de la comuna 10: "La información que se tiene es que la mujer que trabaja en el hotel se acerca al sujeto para entregarle una ropa que había lavado y este hombre le dice que entre a su habitación para tener relaciones sexuales (...) en ese momento ella se niega, pero el sujeto empieza a insistirle de forma violenta".
Posterior al pasaje narrado por Villa, se desarrollaron los hechos que quedaron captados en las cámaras del hotel. El hombre, semidesnudo, se dirigió a la recepción y comenzó a increpar a la mujer, quien respondió de manera proporcional. Posteriormente, el hombre se abalanzó sobre la recepcionista y empezó a lanzarle derechazos al rostro.
El elemento clave que definió la libertad del agresor
EL TIEMPO conoció en exclusiva el motivo que llevó al juez 40 penal municipal de Medellín a dejar en libertad al protagonista de la violenta agresión. Según la información obtenida, el juez consideró que no existían elementos suficientes para mantener la medida de aseguramiento, ya que el delito imputado no alcanzaba el umbral de gravedad que justificara la privación de la libertad durante el proceso.
El juez determinó que, pese a la brutalidad de las imágenes, la conducta no encajaba en los delitos que permiten la detención preventiva obligatoria, como el homicidio o la extorsión, y que el imputado no representaba un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia.
La decisión ha generado un fuerte debate en la opinión pública y entre las autoridades locales, que ya evalúan si apelarán la determinación. Mientras tanto, la víctima continúa recibiendo apoyo psicológico y jurídico por parte de la Alcaldía de Medellín.