La Defensoría del Pueblo y la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, confirmaron el levantamiento del paro armado impuesto por el Eln en la región del Bajo Baudó, donde más de 6.000 personas estuvieron confinadas durante casi ocho días, enfrentando una grave crisis humanitaria por la escasez de alimentos y servicios básicos.
A pesar de la suspensión del paro, la Defensoría advierte que la población mantiene temor ante las presiones ejercidas tanto por el Eln como por el 'Ejército Gaitanista de Colombia', en medio de continuos enfrentamientos armados que dificultan la vida en la zona.
"Reiteramos nuestro llamado al Eln y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes. El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, especialmente a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada."
El reporte de la Defensoría también señala que persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, incluyendo la interrupción de la asistencia escolar para niñas y niños, y la vulneración de derechos territoriales de comunidades afrocolombianas e indígenas.
En total, 16 comunidades afrocolombianas con 530 familias (1.933 personas) y nueve comunidades indígenas con más de 1.400 familias (más de 4.100 personas) resultaron afectadas por el paro armado en los ríos Orpúa, Ijuá y Docampadó, dentro del municipio de Bajo Baudó.
La gobernadora Nubia Córdoba denunció que durante la entrega de ayuda humanitaria, hombres armados intentaron atacarla. Además, rechazó las calumnias del Eln en respuesta a su labor de denuncia y atención a la crisis, y anunció que se concertará el desplazamiento de personal médico y de verificación humanitaria para evaluar la situación de la población afectada.
Por su parte, la secretaria del Interior y Gobierno de Chocó, Jenny Rivas, informó que la alcaldía de Bajo Baudó gestionó el envío de ayudas para la población afectada, y lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender el desabastecimiento, que se vio agravado por condiciones climáticas adversas que dificultaron el acceso a la zona.
"Es mi deber constitucional como gobernadora hacerle frente a la permanente crisis que genera la disputa territorial armada de todos los grupos en el departamento. Esa tarea continuará con la misma vehemencia."
La Defensoría del Pueblo finaliza su comunicado instando al Eln a cesar la estigmatización contra las autoridades públicas, quienes actúan en condiciones adversas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado.