El Gobierno de Gustavo Petro ha expedido un decreto que establece nuevos impuestos para personas naturales y jurídicas, con el objetivo de mitigar el impacto económico generado por la emergencia causada por la ola invernal.
Este mecanismo ha sido cuestionado por analistas y expertos, quienes señalan que algunos de los impuestos incluidos en el decreto fueron suspendidos anteriormente por la Corte Constitucional, pero han sido reintroducidos bajo el amparo de la emergencia económica.
La decisión del Gobierno de implementar estos gravámenes sin pasar por el Congreso genera preocupación sobre la legalidad y el impacto económico para los contribuyentes.
El decreto busca financiar la atención y recuperación ante los daños ocasionados por las fuertes lluvias y desastres naturales, pero ha abierto un debate sobre la carga fiscal que enfrentarán empresas y ciudadanos en 2026.