La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Gobierno saliente de Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el aumento acelerado de la contratación pública tras el fin de las restricciones de la Ley de Garantías. El contralor Carlos Hernán Rodríguez detalla en entrevista con El Tiempo las cifras, los riesgos y las acciones de control que se adelantan.
Cifras que encienden las alarmas
Según el análisis de la Contraloría, la contratación de prestación de servicios creció un 50% entre 2022 y 2026, pasando de 8.496 a 12.761 contratos. La contratación directa aumentó un 59%, de 7.047 a 11.208 contratos. En términos de valor, el incremento real fue del 23,8% descontando la inflación, con más de 4,5 billones de pesos comprometidos en solo cuatro semanas.
Las preocupaciones del órgano de control
- Concentración de recursos en procesos contractuales específicos.
- Incremento de la contratación en períodos cortos.
- Uso significativo de la modalidad de contratación directa.
- Atomización de contratos y compromisos de alta cuantía.
El contralor subraya que la contratación en sí no es irregular, pero la aceleración y el volumen de compromisos para vigencias futuras exigen vigilancia para evitar que se afecte la sostenibilidad fiscal y la capacidad de priorización del próximo gobierno.
¿Cómo se ejerce el control?
La Contraloría activó una advertencia, un pronunciamiento no vinculante que alerta sobre riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos. Además, desplegó una actuación de Policía Judicial para recaudar información presupuestal, financiera y contractual. Si se detectan irregularidades, se pueden iniciar inspecciones, auditorías y procesos de responsabilidad fiscal.
La inspección a MinHacienda y otras entidades
La inspección en el Ministerio de Hacienda busca verificar la planeación y ejecución de los compromisos. Se amplió a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para rastrear el manejo de recursos desde su asignación hasta su ejecución contractual.
El caso de la ANT: 1.866 contratos en cuatro semanas
La Agencia Nacional de Tierras firmó 1.866 contratos directos por más de $103.600 millones en un mes. Aunque no constituye una irregularidad per se, el volumen exige verificar que responda a necesidades reales y que no haya fragmentación contractual.
El llamado es a fortalecer la planeación, la disciplina presupuestal y los mecanismos de supervisión para asegurar que cada peso comprometido produzca resultados efectivos para la ciudadanía y proteja el patrimonio público.
El contralor enfatiza que la advertencia no es una sanción, pero sí una alerta para que el Gobierno saliente asegure que los recursos comprometidos se ejecuten con eficiencia y transparencia, evitando presiones sobre el próximo gobierno.