Noticia Exclusivo suscriptores El ‘juicio revolucionario’ del Eln que indignó al país y que retrata la disparada del secuestroFamiliares de funcionarios y policías secuestrados por esa guerrilla en Arauca denuncian indolencia del gobierno. Hay 266 personas en cautiverio.¿Quiénes son los Policías y funcionarios del CTI secuestrados? Foto: ARCHIVOLink Jesús Antonio BlanquicetSUBEDITOR DE JUSTICA09.05.2026 22:22 Actualizado: 10.05.2026 11:01 Carlos LópezPERIODISTA JUDICIAL09.05.2026 22:22 Actualizado: 10.05.2026 11:01 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Cada día del año pasado hubo en Colombia, en promedio, dos secuestros. Fueron 701, según registros del Ministerio de Defensa conocidos por EL TIEMPO: una cifra que no se veía desde el 2006, en uno de los momentos más críticos del conflicto armado y cuando las extintas Farc utilizaban industrialmente ese crimen como arma económica y política.De esa magnitud es la nueva alarma que se enciende por el deterioro de las condiciones de seguridad y orden público en regiones y capitales del país.Esta semana, tras conocerse un indignante video en el que un cabecilla del Eln notificó que la “justicia revolucionaria” había condenado a penas de ‘cárcel’ de hasta cinco años a dos funcionarios del CTI y dos policías secuestrados en Arauca, muchos colombianos sintieron que se agitaban los fantasmas de los peores años de la guerra. Lo que demuestran las cifras es que esos fantasmas no solo asustan, sino que están causando daños, especialmente en los últimos cinco años.Eln hizo público 'juicio revolucionario' contra funcionarios del CTI y Policías. Foto:ARCHIVO Así, los 160 secuestros denunciados en 2021 se cuadruplicaron, y más, en el 2025. Desde el 2022, en los años de vigencia de la ‘paz total’ del gobierno Petro, cada cifra ha superado el promedio de la década de vigencia del acuerdo de paz con las Farc. Y entre el 2024 y el 2025 hubo una disparada de esa práctica criminal: se pasó, según las cifras del Mindefensa, de 313 a 701 casos. Es decir, casi 400 secuestros más de un año al otro.En un solo caso del año pasado, el registrado en diciembre en una mina de esmeraldas en Santa Rosa, Boyacá, hubo 71 personas secuestradas por un grupo armado. La reacción de la Fuerza Pública permitió la liberación y la captura de 10 delincuentes. “Desde 1995 no registrábamos presencia violenta de grupos armados en Maripí”, dice un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, conocido por este diario y que alerta por la reactivación de violencias en zonas que no las habían visto en décadas.La mayoría de casos corresponde, según autoridades consultadas por este diario, a delincuencia común, incluidas decenas de ‘paseos millonarios’. Pero de los 266 colombianos y extranjeros que hoy siguen secuestrados en el país, 154 están en manos de grupos criminales con los que el Gobierno tiene o tuvo procesos de negociación y que, sin embargo, nunca dejaron de secuestrar. Del total, 28 corresponden a uniformados o funcionarios de organismos de seguridad, y 238 son civiles. Los grupos de delincuencia organizada tendrían en su poder a 154 personas; las disidencias de las Farc tienen 66 cautivos; el Eln, 35; el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’, 4; mientras que en siete casos no se ha establecido con claridad el grupo responsable, debido a que en la misma región operan varias de esas bandas.Rostros de los funcionarios del CTI y de la Policía que permanecen en cautiverio. Foto:Eln Y en varios casos, el secuestro termina en asesinato o muerte en cautiverio. El caso del joven periodista Mateo Pérez, asesinado por las disidencias de alias Calarcá en el municipio de Briceño, Antioquia, empezó como un secuestro que derivó en desaparición forzada y, finalmente, tras las denuncias de la familia y la presión mediática, en la entrega del cadáver. Pese a ese nuevo crimen, ‘Calarcá’ y sus principales socios siguen blindados de la justicia y las operaciones de la Fuerza Pública gracias a la ‘paz total’. De hecho, el presidente Petro exculpó a ‘Calarcá’ en una polémica declaración sobre la tragedia de Mateo, el pasado viernes, y dijo que el crimen había sido responsabilidad de una disidencia de las disidencias.Las cifras oficiales dan cuenta de dos secuestrados muertos en manos de sus captores en el 2025. Y este año, hasta el caso de Briceño, el único registro era el del exdiputado del Cauca y líder afrodescendiente Luis Carlos Vallejo Román. Su cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de López de Micay, en la costa Pacífica caucana, tras haber permanecido secuestrado por varios días desde el pasado 8 de marzo.Las cifras de la cartera de Defensa muestran una reducción del secuestro extorsivo en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 90 casos, mientras que en los primeros tres meses de 2026 la cifra bajó a 72, lo que representa una disminución del 20 %.Sin embargo, el secuestro simple presentó un incremento durante el primer trimestre de 2026. Según las estadísticas oficiales, entre enero y marzo de 2025 se contabilizaron 29 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 se registraron 40, equivalente a un aumento del 38 %.Los funcionarios secuestrados por el Eln. Foto:Sin respuesta oficialPara algunos de los secuestrados, el cautiverio ya se cuenta por años. Es el caso de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Departamento de Protección de la Fiscalía, que cayeron en manos del Eln el 8 de mayo del 2025 (ver notas anexas). Ellos y los agentes de la Dijín Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca el 20 de julio del año pasado, son los ‘condenados’ por el Eln.Sus familiares, como los de otros muchos secuestrados, denuncian falta de respuesta y hasta indolencia por parte del Gobierno.“Yo le pregunto al señor Gustavo Petro: si fuera su hijo, si fuera un familiar suyo… ¿usted qué haría? Ahí sí se mueve, ahí sí hace algo. Quiero que se ponga en nuestros zapatos como familia”. La frase de Yariel Macualo, esposa del agente López Estrada, refleja la angustia y la frustración que se han convertido en el día a día de centenares de colombianos que esperan por alguna noticia.La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría hicieron un llamado urgente al Eln para que libere, sin condiciones, a los cuatro plagiados. En una sola voz, rechazaron que una organización criminal pretenda atribuirse funciones judiciales y de Estado. Algo similar hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que “no hay causa ni noble ni vil que justifique un secuestro”. Más que por una causa, dicen fuentes de la región, el Eln secuestra militares y civiles en Arauca porque nadie se lo impide. Incluso, aunque menos en los últimos tres meses, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, muchas de las víctimas secuestradas en Colombia eran llevadas a territorio vecino mientras se producía el pago de rescate o el efecto político que esperaban los ‘elenos’.Pronunciamiento de la ONU Foto:Tomada de X Mientras las familias siguen esperando algún pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, este diario conoció que las más recientes pruebas de supervivencia de los funcionarios llegaron gracias a la Iglesia Católica, que se las entregó a la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin que exista mayor claridad sobre el procedimiento, a los familiares les han dicho que la DNI es la entidad encargada de buscar acercamientos con el Eln para tratar de lograr la liberación.La directora adjunta para América Latina de International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, advierte que el regreso del secuestro refuerza las dudas sobre las negociaciones con los grupos armados. “El secuestro, obviamente, tiene una carga emocional y simbólica muy alta en el conflicto. Los casos que hoy tenemos vigentes muestran que el secuestro es una práctica generalizada”, afirmó.La radiografía del secuestro también refleja la complejidad de las operaciones de rescate y liberación. Entre enero y marzo de 2026, fueron rescatadas 45 personas, frente a las 16 del mismo periodo del año pasado. El histórico de rescates muestra igualmente un aumento progresivo desde 2021, cuando se registraron 29 personas recuperadas. En 2022, fueron 67; en 2023, ascendieron a 85; en 2024, llegaron a 69; y en 2025, la cifra cerró en 105 casos.El incremento del secuestro ocurre en medio de un deterioro sostenido del orden público en distintas regiones del país. Mientras continúan los diálogos del Gobierno con estructuras armadas ilegales, la Fuerza Pública enfrenta una escalada de ataques, hostigamientos y atentados que han dejado decenas de policías y militares muertos o heridos.A ese panorama se suma ahora el resurgimiento de este delito como mecanismo para incrementar rentas ilegales, presión y control territorial, y desmoralización contra la Fuerza Pública y funcionarios estatales en zonas con débil presencia institucional.Fuentes judiciales advierten que los secuestros se concentran en zonas de alta inestabilidad y presencia armada, donde el control institucional es limitado y coinciden intereses de grupos insurgentes, economías ilegales y rutas del narcotráfico. Las operaciones de búsqueda continúan en Arauca, Cauca y Nariño, bajo coordinación de las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía.En regiones como Arauca, Cauca, Norte de Santander y otras zonas del sur del país, las autoridades han detectado un aumento de acciones armadas y disputas territoriales entre grupos ilegales. En ese escenario, el secuestro vuelve a aparecer como una herramienta utilizada para presionar negociaciones, ejercer control y enviar mensajes políticos.Un informe de Fundación Ideas para la Paz alertó que el país enfrenta nuevamente la posibilidad de que este delito se expanda en regiones urbanas y rurales. “Hoy, Colombia se enfrenta a la posibilidad de que el fantasma del secuestro planee de nuevo sobre campos y ciudades. El reto para el Estado es contenerlo antes de que alcance las dimensiones que marcaron algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente”, señala el documento.Y no solo ocurre en los departamentos más golpeados por la violencia del conflicto. Fuentes policiales y analistas señalan que la práctica de secuestro exprés para presionar el pago de ‘vacunas’ o para cobrar cuentas pendientes entre bandas criminales que operan en centros urbanos es un riesgo no solo invisibilizado, sino creciente. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad, advierte además del riesgo de que en las pretensiones de los grupos armados que tienen secuestrados a funcionarios o uniformados esté volviendo a coger fuerza la idea de presionar un supuesto canje humanitario por delincuentes presos. Las familias de los rehenes en Arauca aseguran además que, más allá de las buenas intenciones del ministro de Defensa, en el equipo de Paz del Gobierno, liderado por Otty Patiño, no les han prestado mayor atención, a pesar de que esa oficina tuvo por dos años largos estrechos contactos con el Eln en Colombia y Venezuela.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Conforme a los criterios de Saber más Temas relacionadosSecuestroELNGustavo Petro'Paz Total'Exclusivo suscriptores SugerenciasBOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.Registrate
