Un operativo sin precedentes en el Consejo de Estado mantiene en curso la demanda contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Aunque Camargo asumió su cargo en septiembre tras una votación en el Senado, su designación sigue en disputa por 15 demandas que cuestionan aspectos como el cumplimiento de la cuota de género.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de estudiar estas demandas, enfrenta un escrutinio especial luego de revelarse que dos magistrados tienen hijos que fueron empleados en la Defensoría del Pueblo durante el periodo en que Camargo trabajó allí. Esta entidad también ha contratado familiares de un 30 % de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de donde provino la terna para la elección de Camargo.
- Joaquín Andrés Barreto Rodríguez, hijo del magistrado Omar Joaquín Barreto, trabajó en la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Defensoría.
- Valentina Álvarez Sanabria, hija del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, desempeñó funciones en la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y en la Oficina de Asuntos Internacionales.
El magistrado Omar Joaquín Barreto se declaró impedido para participar en el proceso contra Camargo alegando una ‘amistad íntima’ con el magistrado, una causal reconocida en la ley para apartarse de un juicio. Sin embargo, Luis Alberto Álvarez decidió continuar como juez en el caso.
“La sola calidad de servidora pública que tuvo su hija en la Defensoría del Pueblo, incluso si aún la ostentara, no configura la causal de recusación que la ley contempló para aquellos casos en que el juez o magistrado tiene familiares con la condición de servidores públicos. Esa norma exige que el cargo desempeñado por el familiar pertenezca a los ‘niveles directivo, asesor o ejecutivo’, calidad que no tenía la hija de Álvarez, quien perteneció al nivel profesional.”
Fuentes del despacho de Luis Alberto Álvarez aclararon que su hija ya no trabaja en la Defensoría y que los cargos que ocupó no están dentro de los niveles que la ley considera impedimento para que un magistrado se aparte de un proceso judicial.
Además, explicaron que la Defensoría del Pueblo no es parte directa en los procesos que buscan anular la elección de Camargo, lo que elimina otro posible motivo de recusación. Tampoco existe una relación de cercanía entre Álvarez y Camargo que justifique la causal de impedimento basada en amistad íntima.
Así, el magistrado Luis Alberto Álvarez continúa en el proceso contra la elección de Carlos Camargo, argumentando que no se cumplen las condiciones legales para apartarse, mientras la demanda sigue su curso en el Consejo de Estado.