El 28 de noviembre de 2023, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso llevó a cabo lo que la Corte Suprema de Justicia calificó como la “sesión más eficiente del año”. En esta sesión se aprobaron seis de nueve operaciones de crédito, después de meses de estancamiento debido a un presunto complot entre congresistas para condicionar su voto a cambio de adjudicaciones de proyectos financiados con fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz, todos llamados a juicio, fueron señalados por la Corte de negociar estos créditos a cambio de contratos amañados en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
Un día antes de la sesión, el 27 de noviembre, se realizó una reunión en Casa de Nariño conocida como el “cónclave”, donde participaron altos funcionarios y exministros, algunos hoy presos por corrupción, entre ellos Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. En esta reunión se habría fraguado el plan criminal que motivó las investigaciones y detenciones.
El proceso incluyó la coordinación de reuniones urgentes con el presidente Gustavo Petro para acelerar trámites, según revelaron chats entre asesores y testimonios de funcionarios. La negociación criminal implicaba sobornos y presión para aprobar créditos y asignar contratos por grandes sumas de dinero, con la complicidad de congresistas y funcionarios públicos.
La Corte Suprema también destacó que los congresistas usaban aplicaciones de mensajería irrecuperables para comunicarse y entregaban propuestas en sobres sellados, evidenciando la opacidad del esquema corrupto. Además, varios ministros involucrados negaron recordar detalles durante las investigaciones.
El decreto presidencial 1810 del 30 de octubre de 2023, que prorrogó la emergencia nacional declarada en 2022, fue utilizado como justificación para asegurar la adjudicación de contratos relacionados con proyectos de mitigación de riesgos en el marco de esta negociación criminal.
“Un grupo de congresistas solicitaba una contratación por 80.000 millones de pesos, frente a lo cual aquel ofrecía 35.000, con la expectativa de cerrar la negociación en 70.000 millones”, reveló Olmedo López en su testimonio ante la Corte.
Este caso ha puesto en evidencia una red de corrupción que involucra a miembros del Legislativo y altos funcionarios del Gobierno, quienes se beneficiaron mutuamente a costa del erario público y la confianza ciudadana.