Una generación de extremeños recuerda los primeros encuentros con inmigrantes africanos en las fiestas populares de los años ochenta, un fenómeno limitado y esporádico que poco a poco fue cambiando con la llegada de trabajadores magrebíes en los noventa, especialmente en el norte de Cáceres. Actualmente, Extremadura registra un 4,1% de población inmigrante, muy por debajo del promedio nacional del 14%, con excepciones como Talayuela, donde alcanza el 24,4%.
El reciente pacto firmado entre PP y Vox para gobernar Extremadura presenta una agenda que no se corresponde con esta realidad migratoria. En lugar de buscar soluciones constructivas, el acuerdo refuerza una retórica de emergencia y prioriza la ultraderecha, rompiendo las líneas rojas establecidas inicialmente por el PP y contando con la participación directa de colaboradores cercanos a Alberto Núñez Feijóo.
Una de las medidas más polémicas es el compromiso para reformar la ley de extranjería, promoviendo la 'prioridad nacional' para el acceso a ayudas públicas, una iniciativa que amplía el campo de acción de Vox y que podría condicionar la gestión política de Feijóo, especialmente en un contexto de creciente oposición a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y apoyada por la Iglesia católica.
Este giro político genera desconcierto entre sectores católicos y dista del mensaje del Papa, quien ha expresado preocupación por la influencia de la ultraderecha y planea abordar la crisis migratoria en Canarias. En vez de fomentar políticas de integración y convivencia, el pacto apuesta por la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude, una medida que carece de datos que justifiquen su necesidad y que se percibe como una excusa para extender discursos xenófobos en una región históricamente marcada por la emigración.
La agricultura, que representa el 7,7% del PIB extremeño, depende en gran medida de la mano de obra extranjera, mientras que la región enfrenta una significativa fuga de jóvenes. En este contexto, el acuerdo político parece ignorar las verdaderas dinámicas sociales y económicas, priorizando agendas que no reflejan las necesidades ni la memoria histórica de Extremadura.
“Ni Extremadura ni la memoria parecen haber sido una prioridad en el acuerdo.”
El análisis histórico recuerda que la inmigración actual guarda similitudes con la emigración española hacia Europa en décadas pasadas, donde muchos trabajadores lograron derechos que hoy se niegan a los migrantes actuales. Esta paradoja resalta la desconexión entre las políticas adoptadas y la realidad social regional.