El pasado 8 de abril, una fiesta vallenata con bebidas alcohólicas y la presencia de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí desató un escándalo que ha trascendido ámbitos jurídicos, políticos y sociales en Colombia. La Procuraduría y la Fiscalía iniciaron investigaciones mientras la concejala Claudia Carrasquilla cuestiona el proceso de paz con capos del Valle de Aburrá involucrados en el evento.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los capos recluidos en Itagüí a cárceles de Bogotá para evitar que continúen dominando negocios criminales desde el penal. Sin embargo, esta decisión ha encendido alarmas por el riesgo de fugas, rescates y represalias, especialmente en la comuna 13 de Medellín, donde algunos de estos criminales tienen fuertes vínculos con bandas locales.
Riesgos y tensiones en la comuna 13
El traslado de Paulo Andrés Torres, alias Pocho, uno de los presuntos organizadores de la fiesta y cabecilla de la banda ‘la Agonía’, ha generado preocupación por el posible aumento de violencia y disputa territorial en la zona. Torres fue capturado en 2019 y cumple una condena de más de 36 años por actividades criminales en San Javier.
Las investigaciones también revelan conflictos internos entre capos dentro de la cárcel, con figuras como ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Vallejo’ enfrentando tensiones por la gestión del traslado ordenado por el Gobierno.
Implicación de guardias y fallas en la seguridad penitenciaria
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó la omisión de funciones por parte de guardias que habrían recibido $10 millones para permitir el ingreso de Velásquez, bebidas, comida y prostitutas durante la fiesta. Se investiga si hubo coacción debido a la peligrosidad de los capos.
- Alrededor de 25 vehículos ingresaron sin autorización, algunos pertenecientes a funcionarios y médicos.
- Guardias y oficiales están bajo investigación disciplinaria, salvo el director de la cárcel, quien estaba de descanso.
- El director encargado fue trasladado a otro penal y no está siendo investigado.
Además, las cámaras de seguridad del penal no funcionan debido a la falta de renovación tecnológica, lo que dificulta las investigaciones de Fiscalía y Procuraduría.
El rol del Alto Comisionado para la Paz en la crisis penitenciaria
Aunque el presidente Petro ordenó el traslado el 13 de abril, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la encargada de definir quiénes serán trasladados, una tarea que tomará varios días. Se prevé que los capos sean recluidos en cárceles de máxima seguridad en Bogotá.
Carlos Augusto Henao, del Comité de Derechos de la Comuna 5 de Medellín, expresó el temor generalizado en la región ante posibles represalias y el riesgo de que se reactive la violencia y las disputas criminales, afectando los avances en paz urbana y tejido social.
Las estadísticas recientes muestran una reducción histórica de homicidios y hurtos en Medellín, lo que podría verse amenazado por estos movimientos penitenciarios.
“Hoy las comunidades viven mucho mejor en Medellín y está en juego que se vuelva a los tiempos de guerra. Creemos que había otros mecanismos para enfrentar esta situación, como la cancelación de visitas por un mes.” – Carlos Augusto Henao, Comité de Derechos de la Comuna 5