Un proceso que vuelve a los estrados
Este jueves 2 de julio se retoma uno de los casos que más ha dado de qué hablar en el panorama político y judicial de Antioquia en torno al paso de Daniel Quintero por la Alcaldía de Medellín (2020-2023). Ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, se reanuda la crucial audiencia de acusación en contra del actual Superintendente de Salud, junto a otros doce procesados. Este caso toma mayor relevancia ya que se trata del proceso penal más avanzado que enfrenta el exmandatario local, un caso que ya superó la etapa de imputación y que tiene audiencias programadas hasta el próximo 14 de julio.
Medellín, reconocida como víctima
El proceso judicial, que ha estado marcado en los últimos meses por diversas solicitudes de nulidad y aplazamientos por parte de la defensa, retoma su curso con una novedad fundamental. Recientemente, la jueza encargada del caso tomó la decisión de reconocer oficialmente al Distrito de Medellín como víctima dentro del proceso. Esta determinación, respaldada por figuras políticas como el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, significa que la justicia acepta que las presuntas irregularidades cometidas por la administración anterior causaron un daño directo y tangible al patrimonio de la ciudad, permitiendo que el Distrito tenga representación y derecho a reparación en las etapas venideras del juicio.
Las graves acusaciones contra Quintero y sus exfuncionarios
A Quintero y a varios de sus exfuncionarios se les acusa de delitos graves para la administración pública: interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Para comprender la magnitud de estas acusaciones y el motivo por el cual hoy el exalcalde se encuentra bajo la lupa del ente acusador, es necesario desenredar los pormenores del caso 'Aguas Vivas', un escándalo que mezcla un gigantesco lote, avalúos sospechosos y modificaciones irregulares a las leyes de ordenamiento territorial.
El origen del escándalo: un megalote en El Poblado
Para entender el contexto de este caso, hay que retroceder al año 2019. En ese momento, dos firmas constructoras le cedieron a la ciudad de Medellín, a título de compensación por obligaciones urbanísticas, un megalote de 146.000 metros cuadrados ubicado en la exclusiva zona de El Poblado, específicamente entre la vía Las Palmas y el municipio de Rionegro. Este terreno, conocido como Aguas Vivas y posteriormente bautizado como Ecoparque Las Palmas, no era un lote cualquiera. Por sus características geográficas y ambientales (es un ecoparque de borde y quebrada), tenía altísimas restricciones constructivas estipuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En palabras sencillas: allí prácticamente no se podía construir nada de gran envergadura para proteger los afluentes de agua.
Avalúos sospechosos y una conciliación frustrada
Cuando el terreno fue entregado a la ciudad, estaba avaluado en poco más de 2.700 millones de pesos. Sin embargo, en un giro que disparó todas las alarmas, una serie de avalúos inusuales dispararon su valor a más de 42.700 millones de pesos. Al ver este desproporcionado aumento, los antiguos dueños reclamaron a la Alcaldía argumentando que habían 'perdido plata'. Sorprendentemente, la administración de Quintero intentó conciliar para pagarles esa millonaria diferencia, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia frenó en seco la maniobra, advirtiendo que era un golpe lesivo para los recursos públicos del Distrito.
La devolución irregular del terreno
Lejos de detenerse allí, la situación se tornó aún más cuestionable. En octubre de 2022, un subsecretario de la Alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo, expidió una resolución unilateral (y sin tener la jerarquía legal para hacerlo) mediante la cual terminó el contrato de cesión gratuita y les devolvió el terreno a los constructores. Según la fiscal del caso, Yarlecy Mena, esta maniobra constituye el delito de peculado, pues los funcionarios se habrían apropiado irregularmente de un bien que les pertenecía a todos los medellinenses para devolvérselo a particulares.
El Decreto 412: el intento de cambiar el uso del suelo
Pero el escándalo tiene otra arista igual de grave, y es aquí donde entra directamente la firma del exalcalde Daniel Quintero y el polémico Decreto 412 de 2023. La Fiscalía sostiene que se orquestó un 'acuerdo criminal' para modificar a la fuerza el uso del suelo de este lote. Quintero tenía la ambición de construir allí su proyecto bandera: el Parque Ambiental Valle del Software. El plan incluía hoteles para científicos, centros de educación digital y edificios de hasta 15 pisos en la zona urbana del lote, y de dos pisos en la zona rural.
El choque con el POT y la falta de aprobación del Concejo
El problema radicaba en que el POT prohibía tajantemente ese tipo de construcciones en una zona de preservación ambiental. En Colombia, cualquier cambio al Plan de Ordenamiento Territorial debe pasar obligatoriamente por la aprobación del Concejo Municipal. Sin embargo, según la acusación, Quintero y su equipo emitieron el mencionado decreto, modificando las reglas de construcción del terreno para viabilizar su proyecto y, presuntamente, favorecer económicamente a los constructores disfrazando la cesión gratuita original.