El 7 de marzo, la presentación del 'Escudo de las Américas' en Miami significó un paso decisivo en el relanzamiento de la guerra contra las drogas en América Latina, ahora como la principal política estadounidense hacia la región. Al declarar organizaciones criminales como terroristas, EE.UU. habilita recursos militares y atribuciones excepcionales para intervenir en países latinoamericanos, aumentando la militarización y reduciendo la rendición de cuentas.
Esta estrategia ha incluido bombardeos en el Caribe y Pacífico, ejecuciones extrajudiciales, y operaciones militares como la intervención en Caracas y el intento de captura de Nicolás Maduro, presentado como líder narco sin evidencias claras. Estados Unidos reúne a líderes militares de doce países gobernados por la derecha para consolidar una alianza que impulsa la militarización como política hemisférica.
El uso político de la guerra contra las drogas
Más que desarticular las redes criminales, la estrategia busca alinear a los países latinoamericanos a la 'doctrina Donroe', que presenta la región como un espacio estratégico para EE.UU. y utiliza la amenaza del narcoterrorismo para justificar políticas de excepción y disciplinamiento político. Esto incrementa el riesgo de convertir América Latina en un escenario de guerra.
Históricamente, la guerra contra las drogas desde los años 80 ha implicado militarización, endurecimiento penal y aumento de violaciones a derechos humanos, sin frenar el poder de las organizaciones criminales, que se adaptaron y crecieron. En los últimos años, hubo demandas de enfoques alternativos, pero el resurgimiento del enfoque bélico, impulsado por gobiernos de ultraderecha, reintroduce la narrativa del narcoterrorismo para justificar medidas autoritarias.
Consecuencias para la región y desafíos democráticos
Países como México, Colombia y Brasil se resisten a la etiqueta antiterrorista por sus riesgos, mientras que otros adoptan este marco para criminalizar la disidencia y conflictos sociales. La militarización no ha logrado frenar el narcotráfico ni desarticular organizaciones, evidenciado por casos como el indulto al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico y apoyado por Trump.
El disciplinamiento político regional se refleja en países que usan la retórica antiterrorista para perseguir opositores y limitar derechos. Las organizaciones sociales enfrentan el reto doble de denunciar la confusión entre crimen organizado y terrorismo, y de proponer respuestas democráticas que reconozcan la compleja relación entre gobernanza criminal, Estado y economía.
“El problema en América Latina es la gobernanza criminal, no el terrorismo. La perspectiva antiterrorista invisibiliza las dinámicas clave y no resuelve las causas profundas. Las bombas no desarticulan el poder criminal.”
Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte que la militarización y el enfoque bélico amenazan la democracia y los derechos humanos en la región, y que es urgente buscar políticas que no conviertan a América Latina en un 'patio trasero' en conflicto.