En un movimiento sin precedentes, la Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo el control del partido oficial Nuevas Ideas (NI), aprobó una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para quienes cometan homicidio, violación y actos terroristas.
Esta iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, busca reforzar la política de seguridad y combate contra las pandillas que azotan el país centroamericano.
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución y requiere la ratificación definitiva por parte del Congreso para entrar en vigor.
Esta medida representa un paso firme en la estrategia gubernamental para garantizar la paz y la justicia en El Salvador.
El impacto en la comunidad refleja las expectativas de una sociedad que demanda mayor seguridad y sanciones ejemplares para delitos que afectan gravemente la convivencia.