Un aumento que preocupa al nuevo gobierno
El informe de empalme que deja la administración saliente al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, refleja distintos puntos que requieren atención urgente en el sistema carcelario. Uno de ellos es el hacinamiento, una problemática que desde hace años ha sido una ‘papa caliente’ para diferentes mandatarios.
El documento elaborado por el Inpec y firmado por su director, el coronel Daniel Gutiérrez, da cuenta de que en los últimos cuatro años, de gobierno de Gustavo Petro, el hacinamiento en las cárceles del país se incrementó en siete puntos porcentuales. Pasó de un 19,9 por ciento en 2022, a un 27,1 por ciento a corte de marzo de este año.
Las causas del sobrecupo
- Aumento de la población carcelaria en 6.246 personas.
- Falta de entrega en pleno funcionamiento de las prisiones previstas.
- Cierre de la cárcel de La Ceja, Antioquia, que obligó a redistribuir internos.
En lo que respecta a capacidad instalada, el sistema penitenciario en el más reciente cuatrienio pasó de 80.647 a 81.025 cupos, una cifra muy pequeña si se compara con el crecimiento de la población intramural. “El crecimiento de la población intramural fue superior al aumento de la capacidad”, señala el documento de empalme.
“El comportamiento del índice de hacinamiento durante el periodo no solo responde al crecimiento de la población intramural, sino también a ajustes derivados de condiciones físicas y técnicas de la infraestructura existente”.
Voces de expertos y seguimiento institucional
El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, subrayó que una de las tareas es terminar las cárceles nuevas y ampliar pabellones en las existentes. “También nos parece una tarea fundamental, complementaria a todo lo anterior, fortalecer los programas dirigidos a la población carcelaria para que cumplan con los objetivos de rehabilitación plena”, puntualizó.
Al hacinamiento le vienen haciendo seguimiento diversas autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Constitucional, que en 2022 extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a los centros de detención transitoria y estaciones de policía. La Contraloría, por su parte, ha reportado la depreciación de carros adquiridos para traslados, muchos de los cuales no están operando.