La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre las fallas del Estado para prevenir el reclutamiento forzado y proteger a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Un estudio del órgano de control reveló graves debilidades institucionales, reducción de recursos y problemas operativos en programas clave de atención y protección infantil.
Según el informe presentado este martes en Bogotá por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la situación más preocupante se registra en la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), que sufrió una reducción presupuestal del 83,8% para el periodo 2024-2026.
Los recursos que se evaporaron
De acuerdo con la entidad, los recursos asignados a la CIPRUNNA pasaron de más de $12.891 millones en el periodo 2019-2023 a apenas $1.810 millones para 2024-2026. Para la Contraloría, esta reducción “limita gravemente la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez en los territorios más vulnerables”.
El órgano de control también cuestionó la baja ejecución presupuestal de esa comisión. Aunque entre 2019 y 2023 fueron asignados $12.891 millones, solo se ejecutaron $9.216 millones, dejando sin utilizar cerca de $3.675 millones.
“Este comportamiento evidencia que el problema además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”, advirtió la Contraloría.
Los equipos incompletos y la sobrecarga laboral
Las alertas también alcanzan al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). Durante las visitas técnicas realizadas por el ente de control se detectó que más del 60% de los equipos interdisciplinarios están incompletos, lo que afecta la atención integral a menores víctimas de vulneraciones de derechos.
Además, el informe evidenció una sobrecarga laboral crítica. Según la Contraloría, algunos defensores de familia atienden hasta 120 casos semanales, situación que genera retrasos y decisiones tardías en los procesos de protección.
Las fallas en la detección de casos
En relación con la atención a la primera infancia, la entidad identificó “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a problemas de información, supervisión y articulación institucional.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención del organismo de control fue la variación en el número de alertas registradas por el sistema. Mientras en 2022 se reportaron 1.488 casos y en 2024 se contabilizaron 1.458, durante 2023 solo se registró un caso.
Para la Contraloría, esa diferencia “evidenciaría posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad”, especialmente en los mecanismos de reporte y seguimiento de situaciones de riesgo para menores de edad.
Un llamado urgente a la coordinación
El estudio también concluyó que existe una alta concentración del gasto público en zonas urbanas, mientras que las estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario en áreas rurales siguen enfrentando problemas de cobertura y financiación.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República hizo un llamado urgente a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las autoridades territoriales para fortalecer la coordinación institucional.
“El deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez.