Durante más de tres meses, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos de diversas áreas han desarrollado el proyecto Escudo Nacional Antidrones, orientado a contrarrestar el uso de drones por parte de organizaciones criminales en Colombia.
Con un costo estimado de 6,2 billones de pesos, esta iniciativa busca incorporar tecnologías que detecten, anticipen y neutralicen drones utilizados en actividades ilícitas vinculadas a narcotráfico y grupos armados.
Desde su socialización en enero, delegaciones colombianas han visitado ocho países —Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido— para conocer soluciones tecnológicas en defensa, incluyendo vehículos blindados, armamento y plataformas antidrones.
El proyecto ha despertado gran interés internacional, con 21 países y 115 compañías invitadas por el Ministerio de Defensa para presentar alternativas tecnológicas y participar en el desarrollo del sistema.
Entre el 23 de marzo y el 10 de abril se realizarán las primeras demostraciones técnicas para evaluar equipos capaces de identificar y neutralizar drones en distintos escenarios operativos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que la prioridad es avanzar rápidamente en esta fase para reducir riesgos a la población y a la Fuerza Pública en zonas afectadas por el uso ilícito de drones.
El proyecto cuenta con acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, que supervisa los avances administrativos y contractuales para garantizar transparencia.
Asimismo, el Ministerio de Defensa implementó la Directiva 042 contra el soborno para prevenir irregularidades en los procesos contractuales relacionados con esta iniciativa.
Las propuestas presentadas serán evaluadas por equipos técnicos, financieros y jurídicos del Ministerio de Defensa, asegurando el cumplimiento de la legislación colombiana antes de avanzar en acuerdos o adquisiciones.
Como mecanismo de control ciudadano, la cartera de Defensa mantiene activa la línea 157 Anticorrupción para recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la ejecución del proyecto.