En una mesa técnica convocada por la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional, los entes de control acordaron que la tarifa de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir las necesidades del sistema de salud colombiano. La audiencia contó con la participación de magistrados relatores y representantes de varias entidades encargadas de la vigilancia del sector.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso los avances de su cartera, pero reiteró que la crisis se debe principalmente al mal manejo de recursos por parte de operadores privados. Sin embargo, los entes de control destacaron que la responsabilidad es compartida entre EPS, IPS y el Gobierno, y urgieron un recalculo técnico de la UPC basado en la realidad del sistema.
“Hay EPS que afirman que la UPC no es suficiente pero contratan con la red pública hospitalaria con la tarifa de la UPC del 2022. Esto es inadmisible y afecta el servicio médico”, afirmó Edilma Suárez, representante de la Superintendencia Nacional de Salud.
El contralor delegado para el sector Salud, Édgar Julián Niño, señaló que el uso de los recursos públicos por parte de las EPS carece de parametrización clara, lo que dificulta la eficiencia en el gasto administrativo. Además, advirtió que más del 89% de las EPS no cumple con los requisitos financieros mínimos, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.
- Deuda acumulada de las EPS cercana a 32,9 billones de pesos a finales de 2024.
- Deterioro en el flujo de recursos hacia hospitales, IPS y proveedores.
- Casos de defraudación con IPS fachada y facturación por servicios no prestados.
- Alteración de historias clínicas y cobros indebidos al Soat.
- Fallas en el reporte de usuarios fallecidos para continuar recibiendo recursos.
La procuradora delegada, Mónica Andrea Ulloa, destacó la necesidad de corregir deficiencias en los sistemas de información y en la metodología de cálculo de la UPC para mejorar la vigilancia y control del sector.
Por su parte, el fiscal delegado Jairo Alberto Giraldo denunció múltiples esquemas de apropiación indebida de recursos, tanto en operadores privados como públicos, que afectan gravemente la atención médica.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento del 34% en tutelas por acceso a medicamentos, reflejo de la vulneración en el servicio de salud. Además, señaló que la solución requiere no solo más recursos, sino una reforma estructural con gobernanza territorial y transparencia en todos los actores.
“La discusión sobre la suficiencia de la UPC es necesaria, pero debe ampliarse a la responsabilidad de todos los actores, públicos y privados”, concluyó la delegada del Ministerio Público.