Riesgos de las concesiones a grupos armados en época electoral
En entrevista con EL TIEMPO, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por los beneficios otorgados a grupos armados en el marco de la política de 'paz total', a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Según Marín, la creación de zonas de ubicación temporal y la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas podrían generar 'incentivos perversos' para que estas estructuras incidan en el proceso electoral.
La crítica situación en Briceño, Antioquia
Marín se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, ocurrido en medio de una disputa territorial entre el Frente 36 de las disidencias de 'Calarcá' y el Clan del Golfo. La Defensoría había emitido una alerta temprana por el agravamiento de la violencia en la zona, y posteriormente oficios de consumación que constatan homicidios, ataques a misiones médicas y desplazamientos forzados.
El hecho de que terminara asesinado, y probablemente con señales de tortura, muestra un régimen absolutamente autoritario por parte del grupo, una total falta de aceptación frente a cualquier tipo de libertad.
Autonomía del Frente 36 y posibles rupturas
La defensora señaló que, aunque no se puede hablar de una fractura confirmada, el Frente 36 opera con una relativa autonomía respecto al Estado Mayor de Bloques y Frentes de 'Calarcá'. Esto podría tener implicaciones en los procesos de negociación, ya que si la autonomía se acrecienta, podría llevar a una ruptura y desvinculación del grupo de la mesa de conversaciones.
Impacto en la libertad de voto y el proselitismo político
Marín advirtió que la violencia de los grupos armados ya ha restringido el proselitismo político en varias regiones, con incidentes como la prohibición de ingreso de candidatos de ciertos sectores políticos y ataques a sedes de campaña. Esto, según la defensora, podría convertirse en un constreñimiento directo sobre el elector, afectando la libertad del voto.
Esto podría estar generando incentivos perversos para que estos grupos, sin necesariamente hacer la voluntad del Gobierno, incidan en los procesos electorales pensando en que una eventual continuidad podría resultarles más conveniente.
Recomendaciones para garantizar elecciones libres
La Defensoría ha emitido 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades, incluyendo la Fiscalía, para investigar amenazas y proteger a las comunidades. También se pidió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que todas las mesas de conversaciones adopten un compromiso de no interferir en el proceso electoral. Sin embargo, Marín subrayó que el gran reto es que lo firmado en el papel se traduzca en cambios reales para la población.