Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, enfrenta una investigación disciplinaria abierta por el Inpec debido a varias quejas y supuestos incidentes registrados en la Escuela de Carabineros, donde cumple una condena de cinco años por instigación al terrorismo.
La influenciadora fue condenada por vandalizar una estación de TransMilenio y promover disturbios durante el estallido social de 2021. Su caso ha sido utilizado por el presidente Gustavo Petro para ejemplificar presuntas injusticias del sistema penal colombiano.
Tras su captura y reclusión en la cárcel El Buen Pastor, Barrera solicitó y obtuvo un traslado a la Escuela de Carabineros, una medida que generó controversia y fue aprobada con la intervención de altos funcionarios del Inpec, Justicia y Defensa.
Polémicas y cuestionamientos durante su estadía
- Hallazgo de celulares dentro de la instalación.
- Conflictos con otras internas, incluyendo una discusión con una condenada por asesinato.
- Ingreso y estacionamiento irregular de un vehículo Mini Cooper dentro de la sede.
- Quejas por el volumen de música reproducida durante supuestos rituales espirituales.
Estos hechos han sido documentados en informes internos de convivencia y han generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de protocolos y la seguridad dentro de la Escuela de Carabineros.
A raíz de estas situaciones, el Inpec evalúa la posibilidad de trasladar nuevamente a Barrera a la cárcel El Buen Pastor por presuntas violaciones a las normas de convivencia.
La defensa de Epa Colombia ha tenido cambios recientes, con la renuncia de algunos de sus abogados y la asunción del caso por parte de nuevos penalistas, lo que añade complejidad al proceso judicial.
“La medida de aseguramiento en una cárcel común se convirtió en el epicentro de una intensa polémica por tratarse de una mujer que acababa de dar a luz y por, supuestamente, ser desproporcionada frente a los hechos que motivaron la condena.”
El caso de Epa Colombia continúa siendo un foco de atención nacional, en medio de debates sobre justicia, derechos de los reclusos y la transparencia en el manejo de las instituciones penitenciarias.