En un giro inesperado, las autoridades estadounidenses autorizaron que el gobierno de Venezuela pague los honorarios de los abogados que defienden al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso judicial por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que permiten estos pagos bajo estrictas condiciones: los recursos deben provenir de fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no pueden ser extraídos de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Este cambio representa un viraje en la política del Departamento de Justicia y la Administración estadounidense, que hasta ahora había bloqueado el acceso a estos fondos por razones de seguridad nacional y política exterior.
La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, argumentó que la imposibilidad de financiar su representación legal vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a elegir abogado, e incluso solicitó la desestimación del caso.
Durante una audiencia en marzo, el juez Alvin Hellerstein manifestó dudas sobre la postura de la Fiscalía y señaló que, tras la captura y traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos, estos ya no representan una amenaza para la seguridad nacional.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se declaran inocentes de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se espera que el juicio formal comience dentro de uno o dos años mientras continúa la fase previa del proceso judicial.