El Parlamento israelí, conocido como Knéset, aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes cometan asesinatos con motivos terroristas. Esta medida ha generado una fuerte controversia a nivel internacional.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en la práctica, esta ley será aplicada exclusivamente a palestinos de Cisjordania, mientras que los judío-israelíes quedarían exentos, lo que ha motivado críticas sobre la discriminación y la justicia selectiva.
La condena internacional ha sido amplia: la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Vaticano han expresado su rechazo a la nueva normativa, advirtiendo sobre las graves implicaciones humanitarias y legales.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos defendió el derecho soberano de Israel para aprobar esta reforma legal, respaldando la medida como parte de la lucha contra el terrorismo en la región.
Estados Unidos sostiene que Israel tiene el derecho soberano de legislar sobre asuntos de seguridad y justicia, incluyendo la pena de muerte en casos de terrorismo.
La nueva ley ha generado preocupación por el posible aumento de tensiones y la escalada del conflicto entre israelíes y palestinos, además de poner en debate la aplicación de la justicia y los derechos humanos en el territorio.