La defensa de Carlos Valderrama se pronunció este lunes en medio de una disputa legal y familiar que involucra al exjugador, su cónyuge Elvira Isabel Redondo y Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, hermano de la esposa de ‘El Pibe’. El caso se dio por la difusión de un video en redes sociales en el que el cuñado del exfutbolista lo acusa a él y a su pareja de haber contratado personas armadas para intimidarlo y obligarlo a abandonar un lote en Santa Marta.
El pronunciamiento de la firma de abogados
A través de un pronunciamiento oficial del 25 de mayo, publicado en la cuenta de Instagram del 'Pibe', la firma jurídica que representa al exjugador y su esposa, Morelli Lawyers Group, calificó los señalamientos de tendenciosos y afirmó que carecen por completo de sustento fáctico y probatorio.
Rechazamos de forma rotunda e irrevocable cualquier señalamiento tendencioso que pretenda vincular a nuestros representados con el uso de grupos armados, amenazas de muerte o métodos de coacción ilegal para forzar el desalojo de inmueble alguno.
El documento añade: 'Estas acusaciones, dada su extrema gravedad, carecen por completo de sustento fáctico y probatorio, constituyendo una abierta difamación que atenta contra la integridad moral de una familia que siempre ha acudido a los canales institucionales'.
Las acusaciones del cuñado de Valderrama
De acuerdo con el testimonio en video de Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, los presuntos atropellos comenzaron a mediados de abril de 2026 en un terreno ubicado en el barrio Aeromar, sector aledaño al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, donde afirma residir desde hace 16 años.
Redondo Guarnizo, quien manifestó ser paciente renal crónico y oncológico, declaró que el pasado 14 de abril un grupo de personas con armas de fuego se presentó en la vivienda de su hija para amenazarla y exigirle que desalojara el predio, asegurando que iban de parte de Valderrama y su esposa.
El denunciante añadió que interpuso la queja formal el 15 de abril y que, al regresar días después bajo custodia policial, constató que la edificación había sido derribada y sus pertenencias habían desaparecido. Asimismo, argumentó que la difusión del video responde al temor por su seguridad y la de su núcleo familiar.
El conflicto legal en curso
Según los abogados, el denunciante está utilizando la imagen pública del exfutbolista con el objetivo de ejercer presión sobre los funcionarios que llevan el caso. El equipo legal expuso que el conflicto por los terrenos se adelanta actualmente en la Fiscalía 17 Local de Santa Marta.