La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del exalcalde de Mistrató, Risaralda, Francisco Javier Medina Carvajal, por presuntas irregularidades en un contrato millonario para el mejoramiento de vías terciarias. Este contrato, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, ascendió a 2.936 millones de pesos.
Además del exalcalde, fueron imputados el exsecretario de Planeación del municipio, Óscar Darío Franco Giraldo, y el particular César Augusto Ortega Ramírez, por su presunta participación en maniobras para adjudicar el contrato 06 de 2019 mediante un proceso viciado desde la etapa precontractual.
La investigación señala que se habrían incluido requisitos hechos a la medida para favorecer a un único proponente, configurando una licitación tipo sastre. También se evidenció que el particular habría presentado hojas de vida y cartas de compromiso de profesionales sin su autorización.
En cuanto al exalcalde Medina Carvajal, la Fiscalía sostiene que, a pesar de conocer las irregularidades, permitió que el proceso avanzara y firmó el contrato en su calidad de ordenador del gasto.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres procesados el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, al particular le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales.
No es la primera vez que el exalcalde enfrenta a la justicia. En 2021, fue enviado a la cárcel junto con sus dos hermanos por presunto secuestro de una mujer y su hija durante casi un año, quienes fueron sometidas a malos tratos, trabajos forzados y amenazas.
“Ella relató que fue retenida durante aproximadamente un año en contra de su voluntad; cuando tenía que ir al casco urbano de la localidad siempre debía ir acompañada por sus captores y no podía hacer uso independiente de su celular, ya que era advertida de que le iban a hacer algún daño. Fue obligada a realizar trabajos forzados dentro de su propia finca, sometida a malos tratos y amenazas de muerte con armas de fuego.”
Ni el exalcalde ni los otros dos señalados aceptaron cargos durante las audiencias.