Un operativo sin precedentes de la Fiscalía apunta a llevar a juicio a tres altos funcionarios vinculados con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, tras determinarse graves daños ambientales y presunto peculado. La investigación se centra en el ingeniero Jorge Ignacio Castaño, exdirector ambiental de Hidroituango; Santiago García Cadavid, exdirector contractual del Consorcio CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro, gerente de la interventoría y representante legal del Consorcio Ingetec.
La acusación señala que las decisiones tomadas durante la construcción y operación del proyecto causaron un daño irreversible a los recursos naturales del río Cauca, incluyendo suelo, fauna, flora, y el ecosistema acuático. Se destaca la mortandad masiva de especies como bagres, bocachicos y dorados, afectando gravemente la biodiversidad local.
Modificaciones no autorizadas y consecuencias ambientales
Según la Fiscalía, EPM junto con los contratistas implementaron un Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) sin la aprobación ni modificación de la licencia ambiental otorgada en 2009. Estas obras, ejecutadas sin autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), alteraron el diseño original y desencadenaron una emergencia en abril de 2018 que obligó a inundar la casa de máquinas para evitar el colapso total.
El colapso del GAD y el desvío permanente del río Cauca generaron daños acumulativos en la estabilidad geológica y la calidad del recurso hídrico, afectando la cadena trófica y el hábitat natural de numerosas especies acuáticas. La Fiscalía detalla la desconexión entre ciénagas y llanuras inundables, y la alteración de las condiciones físico-químicas del agua con un impacto negativo en la migración y reproducción de los peces.
Acusación por peculado y apropiación indebida de recursos
Además de los daños ambientales, la Fiscalía acusa a Álvaro Aravi y Santiago García Cadavid de peculado por apropiación, al presuntamente haberse apropiado de 330 mil millones de pesos del erario a través de modificaciones contractuales que favorecieron a los contratistas sin respaldo legal. Estas sumas se habrían invertido en obras no licenciadas que colapsaron posteriormente.
“Aquí nadie se robó un centavo. El consorcio fue pagado por obras ejecutadas y recibidas a satisfacción de EPM”, afirmó Santiago García Cadavid, uno de los acusados, defendiendo la legalidad de los contratos y negando responsabilidad en los daños y la contingencia.
La audiencia formal de acusación se encuentra pendiente, mientras la Fiscalía responde solicitudes de las defensas relacionadas con la admisión de cientos de pruebas documentales que sustentan la investigación.
Impacto ambiental y reconocimiento judicial
La emergencia en Hidroituango ha dejado profundas afectaciones en el equilibrio ecológico del río Cauca y sus ecosistemas aledaños. En 2019, el Tribunal Superior de Medellín reconoció al río como sujeto de derechos, evidenciando la gravedad del daño ambiental sufrido.
El proyecto, que se espera esté finalizado a finales de 2027 y abastecerá el 17% de la energía nacional, ha enfrentado sobrecostos por 12,2 billones de pesos según la Contraloría, y ahora enfrenta importantes desafíos legales y ambientales que definirán su futuro.