Política

Expertos alertan sobre riesgos en nuevo paquete de decretos de emergencia económica

El gobierno de Gustavo Petro expidió siete nuevos decretos en el marco de la emergencia económica por lluvias, pero expertos advierten que reviven impuestos suspendidos por la Corte Constitucional, generando inquietud sobre su legalidad y su impacto en el sector productivo.

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Foto: La voz del país

El Ministerio de Hacienda emitió siete decretos que buscan financiar la atención de la crisis ambiental causada por fuertes lluvias que afectan a varias regiones, incluyendo Córdoba, con más de 94.000 familias damnificadas.

Entre las medidas está la imposición de un impuesto al patrimonio para empresas extranjeras con activos superiores a 10.474 millones de pesos, y un impuesto nacional del 16 % sobre el consumo en juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.

“El gobierno acaba de resucitar impuestos que la Corte Constitucional suspendió”,

La Corte Constitucional suspendió anteriormente varios decretos relacionados con esta emergencia económica, incluyendo el decreto madre que declaró el estado de emergencia en diciembre de 2025, generando dudas sobre la constitucionalidad de las nuevas medidas.

Expertos como Gonzalo Andrés Ramírez señalan que las nuevas medidas parecen buscar recaudar más recursos de los que realmente se necesitan para la emergencia, lo que podría implicar un uso indebido de la figura del estado de emergencia.

“Es un precedente peligroso que el decreto convierta la excepcionalidad en atajo, revive y amplía cargas tributarias sin aval del Congreso”,

Además de impuestos, los decretos proponen una reducción transitoria de sanciones e intereses para contribuyentes morosos al 31 de diciembre de 2025, siempre que realicen el pago total antes del 30 de abril.

También se crea un impuesto complementario de normalización tributaria del 19 % para el año gravable 2026, dirigido a quienes tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.

Finalmente, el impuesto al patrimonio se amplía para incluir sucursales y establecimientos permanentes extranjeros, lo que podría impactar la inversión extranjera en el país.

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