Directivos enfrentan acusación penal por declaraciones públicas
En el colegio Los Nogales de Bogotá, un caso de acoso escolar culminó con la expulsión de dos estudiantes tras un proceso disciplinario que cumplió con el manual de convivencia y protocolos de la Secretaría de Educación. Sin embargo, las declaraciones públicas hechas en 2024 por el rector Camilo Camargo y la exvicerrectora Marcela Junguito sobre el caso desencadenaron una denuncia penal por injuria.
Familias defienden la privacidad y honra de los menores expulsados
Las familias de los estudiantes expulsados presentaron varias tutelas, que fueron falladas a favor del colegio, y posteriormente demandaron penalmente a los directivos por exponer detalles del caso en medios de comunicación. Argumentan que estas acciones vulneraron el derecho al buen nombre y la honra de sus hijos, quienes son menores de edad.
“Ningún rector ni funcionario de un colegio puede omitir su deber de confidencialidad y reserva de los procesos disciplinarios, y menos salir a un medio de comunicación contando hechos en donde están involucrados menores de edad”, afirmó Beatriz Molina, abogada de una de las víctimas.
Defensa sostiene que el proceso disciplinario fue justo y cuestiona a la Fiscalía
El abogado penalista Fabio Humar, representante del colegio, aseguró que el proceso disciplinario se adelantó respetando todas las garantías y que las tutelas presentadas por las familias se resolvieron a favor de la institución. Criticó la interpretación de la Fiscalía, que considera que las declaraciones permitieron identificar a los menores involucrados, argumento que la defensa rechaza.
“La judicialización de la educación y las limitaciones judiciales a los deberes de rectores y profesores debe preocupar a la comunidad académica”, señaló Humar.
El debate sobre la confidencialidad y la responsabilidad institucional continúa
Mientras se espera la programación de la audiencia de acusación, el caso abre una reflexión sobre los límites entre la gestión disciplinaria en colegios, el deber de confidencialidad y el rol de los directivos cuando los conflictos trascienden al espacio público. La justicia deberá definir si las declaraciones vulneraron derechos fundamentales y cómo proteger a los menores en procesos de acoso escolar.