Este martes se reanudó la audiencia de una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, que busca que el presidente Gustavo Petro se abstenga de emitir comentarios sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia comprobable. La acción popular, radicada en octubre de 2025, exige que el mandatario aclare o rectifique sus mensajes públicos o deje de difundir estas narrativas.
Ignacio Álvarez Martínez, abogado y magíster en derecho internacional, quien fue relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una década, intervino en la diligencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Álvarez destacó que aunque las autoridades públicas tienen el deber de pronunciarse sobre temas de interés público, deben respetar límites para evitar promover la intolerancia, discriminación o desinformación, dada la influencia de sus declaraciones en diversos sectores sociales.
"Las autoridades públicas de alto rango, debido a los posibles efectos de sus expresiones en distintos sectores de la población, tienen responsabilidades específicas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia, la discriminación o la desinformación."
Durante su intervención, Álvarez citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ríos y otros vs. Venezuela (2009), donde se señaló que declaraciones de altos funcionarios pueden interpretarse como incitación directa o indirecta a la violencia contra medios y periodistas, y que estas deben estar basadas en hechos razonablemente constatados.
El abogado explicó que los altos funcionarios deben ejercer un especial cuidado y diligencia al emitir opiniones, especialmente en contextos de alta conflictividad social o polarización política, para evitar la difusión de versiones manipuladas que afecten a la ciudadanía.
"En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber, que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones."
El experto también advirtió que difundir información falsa en un contexto electoral puede tener consecuencias negativas para la democracia y otros derechos humanos, subrayando la importancia de la precisión y responsabilidad en las declaraciones públicas.
En respuesta a una pregunta del abogado Ramiro Bejarano, Álvarez manifestó que un presidente que anuncia de antemano un fraude electoral sin pruebas mina la confianza del electorado y puede generar violencia, citando ejemplos recientes en Estados Unidos y Brasil, así como episodios en la región latinoamericana.
El magistrado Luis Manuel Lasso, a cargo del caso, solicitó además que se ampliara la reflexión sobre el impacto de estas declaraciones en redes sociales, donde su difusión es rápida y sin filtros, aumentando su alcance y el riesgo social.
"Expresiones basadas en hechos manipulados, difundidas a través de redes sociales, pueden tener consecuencias inmediatas y gravísimas. Las redes permiten llegar a millones en segundos sin mecanismos de verificación, y los altos funcionarios cuentan con alta credibilidad."