Un cobro obligatorio que afecta a toda la comunidad
En Taganga, uno de los sectores turísticos más concurridos de Santa Marta, los trabajadores como carperos, vendedores ambulantes y lancheros enfrentan una carga adicional: un ‘pago de seguridad’ impuesto por grupos armados ilegales que operan en la zona. Este cobro, que se realiza mediante llamadas, visitas y amenazas, se ha convertido en una fuente de financiación estable para estas estructuras criminales.
Los grupos armados consolidan un control social y económico
Las autodefensas ilegales no solo disputan rentas económicas, sino que también ejercen un control social mediante una ‘justicia’ paralela. Se encargan de dirimir conflictos civiles y establecer reglas no oficiales que rigen la vida cotidiana en algunos sectores de Santa Marta, especialmente en las zonas turísticas y residenciales como El Rodadero y la Sierra Nevada.
“En Taganga paga el carpero, la de las trenzas, el lanchero…”, revelan fuentes locales sobre el alcance del paquete de seguridad impuesto por los grupos ilegales.
Un modelo criminal que desafía la autoridad local
Este esquema de extorsión y control social representa un desafío para las autoridades municipales y policiales, que enfrentan dificultades para desarticular estas estructuras y garantizar la seguridad de la población. Mientras tanto, los afectados siguen pagando para poder trabajar y mantener sus actividades económicas.
¿Cómo impactará esta situación en el turismo y la economía local?
El crecimiento de estas prácticas ilegales genera incertidumbre sobre el futuro de la economía en Santa Marta, especialmente en sectores dependientes del turismo. La comunidad y las autoridades deberán buscar estrategias para recuperar el control y garantizar un ambiente seguro para todos.