El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a las críticas surgidas tras sus declaraciones sobre el juez Juan Carlos Peinado, señalando que sus comentarios constituyen una legítima crítica ante una situación judicial excepcional y no un ataque personal.
El impacto en la comunidad judicial
Las palabras de Bolaños, que calificaron las actuaciones del magistrado como "anormales" y que habrían "avergonzado a muchos jueces y magistrados", generaron rechazo por parte de asociaciones judiciales, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que le acusaron de realizar un señalamiento personal inapropiado desde el Ejecutivo.
En su respuesta, Bolaños aclara que no hubo descalificación personal alguna y que sus críticas se centraron en las resoluciones judiciales, destacando que alrededor de quince decisiones de Peinado han sido anuladas parcial o totalmente por instancias superiores, una circunstancia que considera "muy anormal".
Defensa de la libertad de expresión en el debate público
El ministro enfatiza que el derecho a la crítica razonada es una manifestación fundamental de la libertad de expresión y que la independencia judicial no se ve afectada por declaraciones públicas como las suyas. Asimismo, reafirma su compromiso con el respeto y la contención en sus intervenciones.
Bolaños también expresa su disposición a mantener un diálogo institucional leal y constructivo con las asociaciones judiciales, convencido de que un debate público informado y plural es esencial para fortalecer las instituciones y mejorar el servicio público de justicia.
El caso que originó la controversia
La polémica se desató tras la decisión del juez Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y a otras personas por delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias en el marco de una investigación que ha generado gran atención mediática y política.
El ministro Bolaños criticó públicamente la actuación del juez, calificándola de dañina para el buen nombre de la justicia y expresando confianza en que tribunales superiores corregirán las decisiones adoptadas en la instrucción.
Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso, argumentando que no existen pruebas que justifiquen los delitos imputados, y las defensas han presentado recursos contra la decisión judicial.
“Estoy convencido de que el fortalecimiento de nuestras instituciones exige asumir con normalidad la existencia de un debate público informado y plural, en el que participaré y trabajaré siempre buscando la mejora del servicio público de justicia y la defensa del buen nombre de la justicia.”