Fiscalía establece ruta para judicializar delitos electorales
Por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la Fiscalía definió una estrategia para investigar y judicializar a quienes afecten el desarrollo de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de este año. La Resolución 0047 del 19 de febrero establece directrices transitorias para que agentes y fiscales actúen contra infracciones al Código Penal relacionadas con el proceso electoral.
Mapa de riesgo y coordinación con entidades claves
El plan contempla la elaboración de un mapa de riesgo que identifica municipios con alta vulnerabilidad en materia de seguridad electoral. La Fiscalía trabajará en articulación permanente con la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades para monitorear alertas tempranas y contar con información actualizada, incluyendo el censo electoral.
Monitoreo integral antes, durante y después de las elecciones
Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la Corrupción, explicó que la estrategia abarca trabajo previo, durante y posterior a la jornada electoral. Entre el 8 de marzo y el 31 de mayo, funcionarios a nivel nacional estarán atentos a 16 delitos electorales para recibir denuncias y coordinar acciones con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.
Observatorio de financiación y protección a candidatos
La Fiscalía creará un Observatorio de Financiación Electoral para vigilar posibles violaciones en topes y fuentes de gastos de campaña. Además, se coordinará con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos para atender reportes de ataques o amenazas contra candidatos, estableciendo mesas de trabajo para proteger su integridad.
¿Cómo impactará esta estrategia en las elecciones de 2026?
Con una vigilancia constante y la colaboración interinstitucional, la Fiscalía busca fortalecer la transparencia y seguridad del proceso electoral. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad para detectar y sancionar oportunamente los delitos, así como de la respuesta de la ciudadanía y las autoridades en la denuncia y prevención de irregularidades.