La Fiscalía General de la Nación abrió 10 investigaciones por la supuesta comisión de delitos electorales durante la contienda de este 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta. El ente acusador reportó que las noticias criminales las abrió luego de un barrido en sus 35 seccionales de todo el país.
Los casos fueron abiertos en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre, donde se detectaron supuestas irregularidades que tienen consecuencias penales. Una de las indagaciones es contra la alcaldesa Latia Castillo, de El Paujil, quien habría cometido constreñimiento al sufragante.
Estas investigaciones se suman a las 107 noticias criminales que se empezarán a indagar por supuestas alteraciones a la seguridad ciudadana.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dispuso de más de 5.000 funcionarios para vigilar e investigar cualquier delito que afectara el desarrollo de las elecciones con las que se reemplazará a Gustavo Petro.
Ocho capturas en flagrancia por delitos electorales
En el barrio El Uvo, de Popayán, Cauca, cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos en flagrancia por supuesta corrupción al sufragante. El ente acusador indicó que estas personas estarían recopilando y verificando información sobre el voto de la ciudadanía hacia una colectividad política.
Por su parte, en Cumaral, Meta, una persona fue detenida por falsedad personal tras suplantar presuntamente a un testigo en una mesa de votación. Otra detención se materializó en Valledupar, Cesar, donde una mujer al parecer intentó votar en dos mesas distintas.
85 capturas adicionales por diversos delitos
A la par de las ocho capturas por delitos electorales, agentes del CTI materializaron 85 detenciones en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira.
"Se trata de personas requeridas por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático", manifestó la Fiscalía.