Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación Nacional de Defensores Públicos, conversó con EL TIEMPO para alertar sobre la delicada situación financiera que enfrenta la Defensoría Pública en Colombia. La falta de recursos para pagar a los abogados públicos pone en riesgo la garantía de defensa para miles de personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado privado.
Una alerta que impacta al sistema judicial
El Sistema Nacional de Defensoría Pública ha emitido dos alertas principales: la necesidad urgente de que el Gobierno Nacional inyecte recursos para el funcionamiento del sistema durante lo que resta del año y asegure la contratación de abogados públicos para enero próximo. Sin esta financiación, la Rama Judicial podría enfrentar la suspensión de audiencias y la liberación de personas capturadas por falta de defensa legal.
El riesgo de liberaciones por falta de defensa
En caso de no contar con defensores públicos, quienes sean capturados tendrían que buscar urgentemente un abogado particular para su representación. Si no logran conseguirlo en 36 horas, la ley ordenaría su libertad inmediata, lo que evidenciaría una grave falla en el sistema judicial y en el acceso a la justicia para los más vulnerables.
El papel crucial de los defensores públicos
Los defensores públicos participan en aproximadamente el 96% de los procesos del sistema penal acusatorio, garantizando la representación judicial de miles de personas. Sin embargo, sus honorarios no reflejan la gran responsabilidad que implica litigar ante jueces penales, una situación que agrava la problemática ante la posibilidad de recortes presupuestales.
Consecuencias de la reducción presupuestal
Gerardino León advierte que, si no se amplía el presupuesto para la Defensoría, entre 780 y 950 defensores públicos podrían salir del sistema. Esta disminución afectaría directamente la capacidad de respuesta y la atención jurídica de quienes dependen de este servicio, poniendo en jaque el funcionamiento del sistema penal acusatorio.
“Garantizamos la representación judicial de miles de personas que requieren este servicio, pero la falta de recursos nos pone en una encrucijada que podría afectar la justicia para los más vulnerables.”