La divulgación de la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín, coincidió con la vacancia judicial de Semana Santa, lo que retrasó las acciones legales para impugnarla hasta el lunes de Pascua, 6 de abril.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que presentará una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañada de una solicitud de medida cautelar para suspender provisionalmente la resolución mientras se estudia su fondo legal.
Los argumentos de la demanda señalan que la orden de la Fiscalía, emitida a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es ilegítima porque se basa en la Ley de Paz Total, que fue declarada parcialmente constitucional y que está estancada en el Congreso a pocos meses de finalizar el actual Gobierno.
El gobernador Rendón ha cuestionado los acercamientos liderados por la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, argumentando que los capos a los que se les levantaron las órdenes de captura son delincuentes purasangre con condenas por delitos graves, por lo que cualquier beneficio jurídico debe ser revisado por las altas cortes.
- Falta de consulta con autoridades territoriales.
- Riesgo para víctimas, testigos, fiscales y jueces involucrados en la judicialización.
- Posible interferencia en el proceso electoral de mayo de 2026.
- Persistente control e influencia de los capos en las zonas bajo su dominio, incluso tras su encarcelamiento.
- Impacto negativo sobre el derecho al voto libre en el Valle de Aburrá.
Aunque la Fiscalía aclaró que la resolución no implica la excarcelación inmediata de estos criminales, tanto el gobernador Rendón como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han rechazado cualquier beneficio legal que pueda favorecer a estas personas.
Desde el lunes de Pascua, el Consejo de Estado tendrá la responsabilidad de decidir si concede la suspensión provisional de la resolución mientras se analiza su legalidad, proceso que podría tomar hasta un año para su resolución definitiva.